Mercadeólogo Iván Barrantes, quien laboró en segunda ronda para el director de campaña de Rodrigo Chaves, alega que su trabajo obedeció a una negociación privada entre personas que no tenía que reportarse al TSE.
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Dos de los hombres más cercanos del político pusieron sus firmas como fiadores en un pagaré por ¢300 millones, el cual ahora es cobrado en la vía judicial por un empresario.
Una proyección del TSE estima que los certificados clase B de Nueva República no tomarían ningún valor económico, por insuficientes votos obtenidos