Juzgado embarga a asesores de Fabricio Alvarado por deuda de campaña

El dinero entró de previo a la primera ronda de elecciones presidenciales, en febrero de 2022, en las que PNR postuló a Fabricio Alvarado Muñoz como candidato a la Presidencia y a diputado.

Son dos hombres cercanos a Alvarado los que resultaron embargados. Se trata de Iván Barrantes Ruiz, quien fue su estratega político, y Juan Manuel Tirado Molina, quien era su principal consejero económico y fungía como jefe de asesores parlamentarios del PNR.

Ellos dos aparecen firmando, en calidad de fiadores, el pagaré N.° 21122021, cuyo pago es reclamado por el dueño de Pedregal en un proceso de cobro judicial, tramitado bajo el expediente N.° 22-007983-1158-CJ.

La orden de embargo pesa sobre ”las cuentas corrientes, de ahorro y otros valores que posean en las entidades financieras” Barrantes Ruiz y Tirado Molina. Fue dictada el 9 de enero anterior, mediante la resolución N.° 2023000001, de la cual La Nación tiene una copia.

Ese mismo día, también se dictó una retención de los dineros bancarizados de Nueva República y de los giros de recursos que eventualmente esa agrupación reciba del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por concepto de deuda política.

Si bien el préstamo fue de ¢300 millones, el embargo es por hasta ¢502,4 millones, pues además de incluir el principal, se sumó ¢3,5 millones de intereses corrientes, ¢31,4 millones de intereses moratorios y el 50% del capital más intereses que la ley ordena retener, de manera cautelar, en este tipo de procesos.

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Sobre el embargo, Iván Barrantes, de 52 años, aseguró que él fue notificado, pero que inmediatamente sacó el dinero que tenía en una cuenta bancaria para evitar la inmovilización.

En cuanto al pagaré, reconoció que él sí lo firmó como fiador, que el dinero era para la campaña electoral del 2022, pero dijo desconocer si ese documento tenía relación con un préstamo o con bonos de cesión de deuda política.

Juan Manuel Tirado, de 66 años, afirmó que fue notificado el martes pasado del embargo, que desconoce la magnitud de la situación, pero que ya avisó a su abogado para que se apersone al Juzgado para conocer más detalles del caso.

“A mí lo que me pidieron es que, para que Rafael Ángel pudiera dar el préstamo, quería un par de fiadores y yo lo firmé, primero porque conozco a Rafael Ángel y, segundo, porque creía que era una buena opción la candidatura de Fabricio para la Presidencia (de la República). Yo, incluso, ayudé en la elaboración de su plan de gobierno”, aseveró Tirado.

Lea a continuación la orden de embargo del juez Pedro Javier Ubau Hernández:

Pagaré por préstamo

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Ante el Juzgado de Cobro de Heredia, Rafael Ángel Zamora Mora, de 38 años e hijo del empresario Zamora Fernández, alegó que la empresa Hacienda Solimar S. A. –de la cual el primero es el apoderado generalísimo–, le prestó ¢300 millones a Nueva República. Como respaldo de pago, su papá firmó un pagaré el 14 de diciembre del 2021.

Ese compromiso de pago fue firmado por Francisco Prendas Rodríguez en su calidad de presidente del partido y por César Zúñiga Ramírez como tesorero. Aparecen las rúbricas de Iván Barrantes y Juan Manuel Tirado como fiadores.

En el pagaré también aparece el nombre del abogado Jonatán Picado León como fiador; sin embargo, su firma nunca se consignó y por ende, no figura como uno de los demandados en este proceso de cobro.

En ese documento se detalla que el crédito devengará “intereses anuales en colones del 11%”, que el dinero se podrá reintegrar en un solo pago o en tractos a más tardar el 21 de abril del 2022, cinco meses después de que se concretó el préstamo.

Se indica, además, que los desembolsos se deben hacer a una cuenta en el BAC San José y que, en caso de mora, el deudor está obligado a pagar intereses moratorios del 20%.

En el expediente del proceso judicial también consta que Zamora Fernández endosó ese pagaré en favor de Hacienda Solimar S. A., el 6 de julio del 2022, un mes antes de iniciar el proceso de cobro.

El pagaré era ‘una garantía provisional’

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Lo consignado en ese compromiso de pago dista de la versión que Fabricio Alvarado y Juan Diego López, en su calidad de secretario general y presidente de Nueva República, respectivamente, dieron al Juzgado en una ”contestación negativa a la demanda”.

En ese documento, que consta en el expediente del proceso, ellos insisten en que la agrupación solo recibió un cheque de ¢300 millones de parte de Hacienda Solimar S. A. y que fue para la compra de bonos de deuda política, serie B –los cuales no obtuvieron ningún valor pasadas las elecciones del 2022–, y que incluso, esa transacción se reportó al TSE.

“El dinero se entregó por parte de Rafael Ángel Zamora en pago de los certificados de cesión serie b del derecho eventual a la contribución estatal del Partido Nueva República, en la campaña electoral 2022, por ¢345.000.000, certificados enumerados del 401-590 y del 701 al 950. No a modo de préstamo”, consignaron en ese escrito.

Reconocieron que el pagaré sí se firmó, pero como una “garantía provisional”, mientras se le entregaban a Zamora Fernández los bonos de deuda política, y no como un préstamo.

“Es totalmente falso que el Partido Nueva República se haya constituido en deudor por la suma de ¢300 millones del señor Rafael Ángel Zamora o de su sociedad Hacienda Solimar S. A. (de la cual es presidente).

“Este pagaré carece de exigibilidad, pues lo que ocurrió es una compra de bonos de deuda política y, solo mientras se entregaron al señor Rafael Ángel Zamora los certificados de bonos respectivos, el pagaré fungió como un instrumento provisional de garantía, quedando superado en el momento en que se entregaron los certificados de deuda”, adujeron Alvarado y López.

Y más adelante agregaron: “Una vez entregados los certificados por los ¢300 millones, el pagaré perdía su legitimidad por pagarse con la entrega de los certificados de bonos (oposición de pago comprobado) y perder su viabilidad (oposición de falta de exigibilidad de la obligación).

“(...) La deuda no existe, pero en todo caso, si el documento (pagaré) hubiese sido exigible en algún momento, lo cual no acepto, sino lo cito únicamente con fines argumentativos, es claro que se pagó con la entrega de los certificados de cesión serie b”.

Sin embargo, en el pagaré no se indica que era “una garantía provisional”, ni que el medio de pago iban a ser los certificados de cesión. Por el contrario, se consignó una fecha máxima de pago, una cuenta bancaria donde hacer los pagos y tasas de intereses corrientes y por mora.

El abogado Gavridge Pérez Porras, quien es el representante legal de Zamora Fernández, insistió en una entrevista con este diario, a finales de enero, que el giro de ¢300 millones se trató de un préstamo a corto plazo, que debía pagarse a inicios del 2022 y que no se canceló en la fecha acordada. Precisó que su cliente intentó llegar a un arreglo de pago con los personeros de Nueva República, pero no se logró, por lo que le aconsejó acudir a la vía judicial.

“Fue un dinero que dio don Rafael Ángel en un momento que le pidieron un préstamo y él prestó. Le dijeron que le iban a pagar a un mes y no le pagaron, y por más que buscó un arreglo de pago, incluso se buscó que fuera a pagos o de la manera que fuera, no se dio. Entonces, él me endosó el pagaré y yo presenté la gestión de cobro”, afirmó Pérez Porras, en aquello oportunidad, en una llamada telefónica.