Según declaró Mónica Araya a la Fiscalía, la amenaza del mandatario fue clara: adjudica o entrega el puesto. Agregó que se negó a otorgar el contrato del marchamo digital al consorcio de la firma brasileña debido a una advertencia de la Oficialia de Cumplimiento. Sostiene que además hubo llamadas a directivos del INS.
Empresario representante del consorcio adjudicatario dijo a ‘La Nación’ que conoció del negocio por Sicop, pero luego cambió su versión. Vocero atribuye la discrepancia a que las fechas de esa plataforma no son fiables
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