Si el salario de los jueces es el parámetro por considerar para poner límite a la corrupción y contener el soborno, el país está condenado.

Por culpa del déficit fiscal y la incapacidad de llegar a un acuerdo tributario que le dé aire a las finanzas del Estado, los compradores de bonos del Gobierno piden intereses más altos. Esto ha llevado a Hacienda a buscar financiamiento en el exterior, lo cual conlleva otros riesgos.

La exposición de alumnos a docentes con historial de acoso sexual, que permanecen en las aulas por los complicados procesos para finalizar las investigaciones por denuncias, amerita que se realicen las reformas al Servicio Civil para agilizar el funcionamiento de estas instancias.

Si el proyecto fiscal en la corriente legislativa no se aprueba, los programas sociales sufrirían muy pronto la carencia de recursos. Le seguirían de cerca una serie de servicios y funciones del Estado, como el combustible para las patrullas, por ejemplo. La huelga debe ser depuesta de inmediato, mientras el Ejecutivo explica la lógica de la reforma, la cual algunos no logran comprender.

Sin importar el desenlace de la huelga, el movimiento mostró su debilidad y que recurrió al cierre de calles y al amedrentamiento para surtir presión. Sin embargo, la población ha repudiado sus exigencias, pues se sabe que no pelean contra los impuestos, sino por mantener sus privilegios.

Las dietas de los regidores del Concejo Municipal de Alajuela son más altas que las de los directivos del Banco Central. Este es un buen ejemplo de las distorsiones en remuneraciones que hay entre instituciones del sector público.

Ante el debilitamiento de la huelga, la violencia es la medida que los sindicatos pretenden ejercer. Pero los costarricenses no debemos aceptarla. Es hora de que el sistema de justicia funcione y se apliquen la ley. Lo contrario es peligroso para nuestra sociedad.

El Poder Ejecutivo se encuentra entre el clamor de los ciudadanos por una intervención eficaz contra las medidas de fuerza y las crecientes provocaciones de los sindicalistas radicalizados. Es una situación peligrosa, creada con terrible irresponsabilidad por quienes llamaron a la huelga sin tener la fuerza necesaria para sostenerla en ausencia de la violencia.

Al igual que pasó con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Consejo Nacional de Producción y la Fábrica Nacional de Licores son dos ejemplos más de instituciones deficitarias que se mantienen a toda costa. La eficiencia poco importa, lo que vale es mantener entidades abiertas.

Este es, según apunta la evidencia científica, el año en que dejamos de estudiar y hablar del cambio climático para empezar a vivirlo. Un artículo del ‘New York Times’ hace un recuento de los principales eventos: incendios sin control en California, Grecia y el círculo polar ártico, hasta sobrecargo de líneas eléctricas. Y aún así Trump quiere eliminar metas de emisiones.

La administración de Luis Guillermo Solís, con deliberada determinación, descarriló la propuesta legislativa de Mario Redondo de eliminar el “enganche” médico. A cambio, planteó la falacia de un decreto ejecutivo, cosa que a nadie convenció, pero que sirvió para congraciarse con algunos sectores públicos.

Dos investigaciones se realizarán por separado para determinar lo que en verdad ocurrió entre manifestantes y efectivos de la Fuerza Pública en la Universidad de Costa Rica. Además, el caso del periodista del ‘Semanario Universidad’ merece especial atención.

La decisión que tomó la Asamblea Legislativa de fundir el Banco Crédito Agrícola de Cartago en el Banco de Costa Rica es acertada, pero habría sido innecesaria si el gobierno hubiese tomado a tiempo la determinación de vender el Bancrédito y obtener ganancias.