Al trascender escuchas telefónicas en que sospechosos de integrar de una presunta banda narcotraficante hablaban sobre sus contactos con el diputado Óscar Cascante, el PUSC se vio obligado a salir de su inacción. Estos son los hechos más importantes de la semana en la política.
Para el 2035, si ninguna medida se aprueba y la CCSS anuncia que no tiene dinero para pagar pensiones, pocos se acordarán de los actores políticos que rehusaron tomar medidas en este 2021.
La primera reunión en que el PLN se planteó la posibilidad de postergar la convención interna, por la crisis sanitaria, ocurrió el 28 de abril. Desde entonces, el partido ha vivido 16 días de un intenso debate en el que el figuerismo se opone a aplazar la elección. La decisión final será tomada este sábado.
Al entrar a su cuarto año de labores, dijo que la Caja no puede constituirse en una entidad que obligue al trabajo informal y les anunció a los diputados que mantendrá convocada la agenda del FMI, lo que podría implicar un punto de quiebre para la oposición.
El PLN, el PUSC, Restauración, fabricistas y otros partidos sumaron una abrumadora mayoría para ganar el control absoluto de la Asamblea este sábado 1.° de mayo. Si bien el triunfo es notorio, también lo es la enorme cuota de responsabilidad, por no decir ‘cogobierno’, que la oposición asume con esta decisión.
El presidente Carlos Alvarado se mostró convencido de que el país debe replantear el modelo de aseguramiento para los trabajadores independientes, pero la CCSS anda muy lejos de su visión.
Una fuerza muy intensa, imperceptible ante el público, envolvió a los actores políticos para lograr una condonación de deudas del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) por ¢6.240 millones, en la que el 62% del dinero perdonado recaerá en muy pocas manos.
El PUSC de hoy se presenta, en la Asamblea Legislativa, como un partido que coquetea con los gremios y busca pretextos para oponerse a la reforma al empleo público, al tiempo que rechaza acciones estatales en favor de la población afrodescendiente.
En medio del intenso lobby gremial contra la reforma al empleo público, un fallo de la Sala IV nos recordó el resultado de un sistema legal que favoreció a ciertos grupos por pensiones a costa de la mayoría de los ciudadanos.
El PAC, como partido, y el Frente Amplio se aliaron con las 'U' públicas en contra de la reforma al empleo público; el Gobierno y su fracción decidieron asumir el costo político del ajuste fiscal; la oposición será determinante.
En un contexto de alta fricción política y de cálculos electorales, el Gobierno comete errores que abren espacio a la confusión en torno a la agenda de ajuste fiscal. Los gremios, entonces, aprovechan para montar un combo de oposiciones que les permita atacar su principal objetivo: la reforma al empleo público.
El debate democrático sobre el proyecto de renta global, la principal medida de ingresos en el acuerdo con el FMI, debe darse sobre la solidez de la verdad, no sobre confusiones como las que quiere generar el exdiputado Célimo Guido.
El Fondo señaló con claridad que los números deben cerrar; los actores políticos rechazan uno de los cobros de impuestos pero, a la vez, plantean aumentar el gasto en el plan de empleo público; repase las medidas que están en negociación.
El ministro de Hacienda desautorizó dos medidas tributarias planteadas por la ministra de la Presidencia y por el propio presidente Carlos Alvarado; además, cambia constantemente las cifras del ajuste fiscal y su cartera olvidó incluir el aumento temporal de un impuesto en un proyecto enviado al Congreso.
El Gobierno y la oposición no lograron ponerse de acuerdo sobre el crédito del BID y exhibieron un triste espectáculo, plagado de acusaciones mutuas, mientras los bonos costarricenses caían en el extranjero.
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