Actualmente, los magistrados son electos en la Asamblea Legislativa por un periodo de ocho años y son reelectos en forma automática, sin límite de años, a menos de que 38 diputados se pronuncien en contra. Así lo dispone el artículo 158 de la Constitución Política.

Este año, el quinquenio le cuesta a la ICT ¢710 millones, dentro de un rubro de ¢2.953 millones destinado al pago de retribución por años servidos.

Así lo aprobó la Junta Directiva de la JPS en diciembre de 2016 cuando se firmó el convenio, al tiempo que el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, solicitaba a su gabinete revisar las convenciones colectivas para eliminar posibles cláusulas abusivas en espera de negociarlas hacia la baja.

El exdirector de la DIS sufrió un accidente de motocicleta, el 24 de junio, en una finca familiar en San Cristóbal de Desamparados, y desde ese día estaba en el hospital Max Peralta.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó un decreto para conformar una comisión que profundice en el quehacer de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), para mejorar la gestión de la institución y disminuir la tramitología en el país.

Todo empezó con un juicio que ganaron los odontólogos. La cúpula universitaria reclamó el mismo beneficio para todos y, en cuestión de siete años, la factura fue de casi ¢38.000 millones para los contribuyentes.

Gastan más en pluses que en salarios base; la UCR y el TEC son las que más parte de sus presupuestos destinan a beneficios para funcionarios.

El presidente de la República adelantó que el tema del aborto no está en sus prioridades, pues está concentrado en darle solución a la crisis fiscal y a los problemas en seguridad, empleo e infraestructura.

Jerarca tomó la decisión con el objetivo de propiciar una renegociación de los acuerdos laborales. Conozca los beneficios que contiene este acuerdo. Esta es la primera denuncia que se hace durante la administración Alvarado Quesada.

Si los jerarcas o alcaldes se ponen de acuerdo con los sindicatos, podrían iniciar una renegociación de su convención colectiva, aún cuando el convenio esté vigente. Así lo confirmó la directora de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, Adriana Quesada, en entrevista con La Nación.

La desbandada ocurre en instituciones que desembolsan hasta 20 años de cesantía y que la pagan incluso por renuncia, combo de condiciones que los magistrados declararon inconstitucionales.

La Asamblea Legislativa paga, por empleado, una cifra cercana a la que desembolsa el Poder Judicial. Incluso, paga un plus solo por "retener" a los empleados.

La ministra de Hacienda planteará cambios este jueves para evitar que se echen por la borda los ahorros anunciados por el Gobierno.