Julio Jurado, procurador general, concluyó ante los magistrados que la imposición de un límite máximo de ¢2,6 millones a las jubilaciones está fundamentada en valores y principios constitucionales y de solidaridad, y que, además, persigue un fin público, por lo que su aplicación es válida.

Así lo afirmó al defender el tope de ¢2,6 millones que el Gobierno le quiere imponer a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, en donde hay jubilaciones superiores a ¢10 millones mensuales con el inconveniente de que son deficitarias, es decir, que los beneficiarios no cotizaron los suficiente para recibirlas durante su vida laboral.

El tribunal constitucional decidió celebrar una audiencia para discutir la imposición de un tope de ¢2,6 millones a las pensiones de lujo. Participan los inconformes y los defensores de la medida. En este último grupo, están el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

El mandatario participará en una audiencia oral como parte del proceso de resolución de varias acciones de inconstitucionalidad que tienen varada, desde hace cuatro años, la aplicación de un tope de ¢2,6 millones a las jubilaciones millonarias.

Tres semanas después de que un grupo de seis países solicitara a la Corte Penal Internacional que se investigue al régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, Costa Rica se unió a la petición. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el país respalda la acción del grupo de países americanos “fiel a su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia”, informó en un comunicado.

La magistrada Julia Varela, de la Sala II, defendió los beneficios salariales que perciben los funcionarios judiciales y aseguró que es incorrecto comparar sus sueldos con los de los trabajadores del sector privado pues, en su opinión, las diferencias se explican por las responsabilidades que tienen unos y otros.

Iris Rojas, magistrada de la Sala I, dijo no encontrar afectación al Poder Judicial en la reforma fiscal. Apeló a los principios de igualdad, justicia y responsabilidad en el uso de los recursos que aportan los contribuyentes con sus impuestos. La alta jueza dejó ver que el ordenamiento del empleo público es una deuda que tenía el país desde 1949, cuando se promulgó la Constitución Política.

El pronunciamiento tiende a eximir a los funcionarios judiciales de las medidas de contención de gasto planteadas en el proyecto para todos los funcionarios públicos.

La iniciativa crea un tributo específico para ese tipo de empresas, con dos tramos de cobro: pagarán un 10% sobre las ganancias que vayan desde los ¢250 millones hasta los ¢750 millones, y un 20% sobre el monto que supere ese tope.Aquellas cooperativas que generen excedentes de menos de ¢250 millones estarían exentas.

Evitaron emitir una opinión sobre el freno al crecimiento de sus salarios, pues el proyecto, por ejemplo, le pone un tope de ¢5,3 millones a los salarios de los futuros jerarcas públicos y congela, de por vida, los sueldos actuales que superen ese monto.

El viernes por la tarde, minutos antes de que la reforma fiscal fuera aprobada en primer debate, la diputada restauracionista Nidia Céspedes aseguró que la leche será más cara que la cerveza si se implementa el proyecto de ley. ¿Es cierta esa afirmación?

El odontólogo Rodolfo Gamboa Montes de Oca, jefe del servicio maxilofacial del hospital San Juan de Dios, se retractó públicamente, en un campo pagado en las páginas de La Nación, de los insultos que dirigió a la diputada Ivonne Acuña el 31 de julio desde su perfil de Facebook.

Propuestas harían ajustes a legislación sobre cooperativas, zonas francas, transferencias del gobierno y remuneraciones de médicos y docentes.