Informe de EE. UU. sobre gobierno de Rodrigo Chaves

Uno de los principales valores del informe, dado a conocer esta semana, radica en señalar la anormalidad de las conductas que el gobierno de Chaves ha tratado de normalizar entre la población costarricense.

Las observaciones forman parte de un informe de 35 páginas sobre el estado de los derechos humanos en Costa Rica durante el 2023. El documento registra los ataques e intimidaciones del Estado costarricense contra la libertad de prensa. Además, señala el aparente uso de instituciones públicas para ejercer presión económica sobre los medios de comunicación.

En el documento, se menciona la sentencia de la Sala Constitucional del 23 de mayo del 2023, en la cual los magistrados declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por el periodista Jason Ureña, en aquella época reportero del medio CRHoy, contra el presidente Rodrigo Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón.

A principios de abril de este año, se conoció la sentencia completa del caso. El Tribunal concluyó que los insultos utilizados por el gobernante y la exministra contra periodistas, durante una conferencia de prensa efectuada el 9 de enero del 2023, podrían promover el hostigamiento contra los reporteros y los medios. Las frases no se justificaban, por lo que constituyeron un exceso y una lesión contra la libertad de prensa, dijeron los jueces.

El Departamento de Estado norteamericano reseñó, precisamente, ese “exceso”, en su informe de derechos humanos.

Además, recordó que 26 exjefes de Estado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron preocupación por el estado de la libertad de prensa en América Latina, incluyendo a Costa Rica por el empleo de insultos por parte de Rodrigo Chaves y el uso de instituciones para presionar a medios.

El reporte de EE. UU. cita que, según medios y académicos, el Gobierno de Costa Rica propició una concentración de los presupuestos publicitarios públicos en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), con el fin de reducir los fondos para los medios críticos.

Además, Estados Unidos tomó nota de que, en Costa Rica, ahora existe una mayor restricción en el acceso a la información pública, lo cual coincide con una reciente evaluación de la OCDE en la cual el país aparece como el país peor calificado en acceso a datos públicos.

Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió otro reporte en el que concluyó que la conducta de Chaves está impactando la libertad de prensa con intentos por silenciar a los medios.

La SIP anotó la acción penal planteada por el mandatario contra el diario La Nación, con el objetivo de frenar la publicación de los audios suministrados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.

El informe de la SIP también reportó los ataques verbales del presidente, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y la diputada Pilar Cisneros contra el Colegio de Periodistas, así como la “retención forzada” del periodista británico Karl Penhaul.

Este reporte también reseña el uso de escoltas para evitar preguntas de la prensa, por parte de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, y la sentencia de la Sala IV contra el Ministerio de Comunicación por incumplir con su obligación de entregar información pública al medio Doble Check.

Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.