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Investigación legislativa concluye que la campaña de Chaves se benefició de aparentes estructuras paralelas, donaciones ocultas, contribuciones por interpósita mano, sedes no reportadas y mal uso de bonos de deuda política.

La producción de estos espacios era parte del contrato del productor Christian Bulgarelli, pagado con fondos del BCIE, pero Federico Cruz niega haber sido parte de ese negocio.

Tribunal dice que la información enviada a la CIDH versa sobre el proceso electoral y que los comicios municipales siguen su curso, sin cambios.