Otto Guevara advirtió a Racsa sobre empresa de escáneres: ‘Hay que proteger al presidente’

Guevara inició el mensaje informándole al gerente de que él ayuda al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y de que era necesario protegerlo porque anticipaba fuertes críticas a la adjudicación.

“Estoy ayudando al presidente en varios frentes. Lo que acaba de pasar con la embarcada que le dieron el ministro de Seguridad y otros ha sido muy serio. Fallaron en lo elemental: cuidar al presidente”, citó el político. Justo un día antes, un grupo de policías protestaba en las calles en contra de cambios en sus jornadas de trabajo, los cuales fueron anunciados por Chaves como parte de un plan de seguridad.

Guevara agregó que ya había conversado de los escáneres con el asesor de imagen del mandatario, Federico Cruz, conocido como Choreco, quien no figura en planilla del Gobierno.

“Te cuento que hablé del tema con Choreco para ver cómo le hacemos para proteger al presidente en este tema”, indicó el exdiputado al gerente de Racsa.

“Me preocupa muchísimo una información que me acaba de llegar relacionada con la aparente decisión tuya de adjudicar a un consorcio la totalidad de los escáneres, el cual está liderado por una empresa recién constituida (con capital social de ¢10.000 y cuyo representante legal es un colombiano), por otra que es una veterinaria y una empresa panameña que es representante de Astrophysics, la cual no es parte del consorcio”, continuó el también excandidato presidencial.

Entre marzo y abril de este año, mediante un proceso declarado confidencial, Racsa seleccionó como socio estratégico para los escáneres a un consorcio que, en efecto, es el representante legal de Astrophysics en Costa Rica.

Actualmente, Racsa y el socio trabajan con los dispositivos de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y aspiran a encargarse de la instalación en los demás puertos del país.

El consorcio se llama Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.

Guevara previó titulares: ‘Gobierno da escáneres a empresa de papel’

En el correo electrónico, Otto Guevara insistió en que la escogencia podría generar cuestionamientos en la opinión pública y en la oposición política.

“Si la adjudicación se hace a ellos, muy probablemente la prensa enemiga del presidente y los diputados de oposición harán fiesta con esa decisión. Ejemplo de titulares, y pretexto para conformar una comisión especial investigadora en la Asamblea Legislativa sería el siguiente: ‘Gobierno de Chaves da escáneres a empresa de papel de colombiano’. El subtítulo sería el monto de la adjudicación y el plazo”, detalló el exdiputado.

De seguido, planteó discutir el tema con el presidente Chaves y dividir la adjudicación en dos proveedores: “Si la información que me pasaron es correcta, te solicito revisar con lupa esa adjudicación y someterla a una revisión por parte de otras personas, inclusive el mismo presidente (por la importancia de contar cuanto antes con los escáneres). También, una opción sería partir la adjudicación en dos, diluyendo la eventual crítica”.

Consorcio alega que participó en buena lid

Carlo Magno Burgos, gerente del consorcio, argumentó que su grupo participó en un proceso en buena lid, de forma transparente, cumpliendo con todos los lineamientos solicitados y en apego a la legalidad.

“Logramos acreditar no solo la trayectoria de las marcas a nivel mundial, sino la solidez técnica, financiera y de mantenimiento de los equipos que hoy en día están brindando servicio al país, servicio que antes de nuestra entrada en operación no contaba”, dijo.

“Como nuestra marca, estamos dispuestos a abrirnos de manera transparente a cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta, y poder brindar tranquilidad de que este proceso ha sido transparente, regulado y veraz”, agregó Burgos.

Añadió que la experiencia en administración de escáneres fue provista por Propinsa, la cual certificó 17 años como socio en sistemas de seguridad no intrusivos en la región.

Según dijo, Astrophysics acreditó certificaciones de calidad en diseño, manufactura, testeo y soporte de sistemas de rayos X.

La Nación reveló este lunes que el expresidente ejecutivo del Incop, Braulio Venegas Dijeres, quien debió renunciar al cargo por su relación con un sospechoso de narcotráfico del Caso Corona, fue la persona que enlazó a Racsa con una de las empresas que integran esta corporación.

A finales de agosto del 2022, Venegas solicitó a Radiográfica una reunión para la empresa Corp Low Risk Costa Rica S. A., presidida por Burgos.

En tanto, el sospechoso del Caso Corona es Francisco Montes Fonseca, quien dijo en una conversación telefónica (interceptada por el OIJ) que un “amigo” les ayudaría a entrar en el negocio de alquilar a Racsa los predios donde esperarían los contenedores para pasar por los escáneres.

El gerente del consorcio afirmó que, si bien conoce a Montes Fonseca de la época universitaria, “nunca he tenido ninguna relación comercial, personal ni de ningún tipo con el señor”. Agregó que nadie del grupo se ha reunido con el sospechoso para hablar de los predios.

‘Se le cuida la espalda al presidente’

Consultado por La Nación, Otto Guevara reconoció la veracidad del correo. Alegó que no recordaba quién lo alertó de la situación. Insistió en que usualmente recibe sobres manila con denuncias que, posteriormente, él traslada a las autoridades correspondientes.

“Yo no le brindo asesoría al presidente, soy una persona que defiende las políticas públicas que considero adecuadas del presidente de la República. Yo no tengo ningún problema en reconocer lo bueno que está haciendo en varias áreas. Considero que hay muchas cosas buenas que se están haciendo en esta administración y he sido muy crítico de otras.

“Yo voy a hablar bien del presidente, promover su gestión y buscar más bien de qué manera se le cuida la espalda para que siga haciendo esas cosas buenas que yo considero son necesarias para el país”, manifestó Guevara.

Añadió que actúa por iniciativa propia en los programas que tiene en varias redes sociales, y no recibe ninguna remuneración. Detalló que constantemente habla con Choreco y le escribe todas las semanas al mandatario, aunque él no siempre le responde.

Mauricio Barrantes por su parte, defendió la legalidad del consorcio escogido, negó ilegalidad alguna y dijo que no contestó el correo enviado por el exdiputado. Adujo que se enteró del mensaje en una entrevista con este diario el pasado 28 de noviembre.

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Integrantes del consorcio

Corp Low Risk Costa Rica S. A. aparece inscrita en Tributación desde el 12 de mayo del 2022. Cinco meses después, se consignó que se dedicaba a la instalación de alarmas y otros sistemas de seguridad. En junio de este año, se añadió que se dedica al alquiler de edificios y propiedades.

Ante el Registro Nacional, figura como presidente el costarricense Carlo Magno Burgos Vargas, mientras que tres personas extranjeras aparecen como vicepresidente, secretario y tesorero.

En tanto, desde abril del 2010 hasta julio del 2023, Distrivet S. A. aparece, ante el Ministerio de Hacienda, como vendedor al por mayor de productos veterinarios, equipo médico accesorio y productos farmacéuticos. En agosto anterior, se cambió el giro de negocio a “persona jurídica legalmente constituida”.

La Junta Directiva de esta empresa está integrada –de acuerdo con el Registro Nacional– por dos foráneos de apellidos Gallego Cardona y Pinto Rodríguez, como presidente y secretario. Un nacional apellidado Hernández Ávila y otra Jiménez González figuran como tesorero y fiscal, respectivamente.

La firma Propinsa, de junio del 2021 a octubre del 2019, se dedicaba a la venta al por mayor de equipo médico accesorio y productos farmacéuticos. Un mes después, cambió su giro de negocios reportado ante Tributación y ahora aparece que se dedica a la instalación de alarmas y otros sistemas de seguridad.

Tres extranjeros de apellidos Cordero Sánchez, Cordero González y Cordero Alba forman parte de la Junta Directiva de esta empresa junto a un nacional apellidado Pereira León.

Propinsa aparece morosa ante Hacienda con una deuda de ¢2,7 millones, desde octubre pasado, por el impuesto al valor agregado (IVA).