EscucharEl Ministerio Público investiga el nombramiento de la directora de la estación de Limón, Cinthya Alvarado Guitta, como subdirectora del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), a pesar de que ese puesto no existe en la normativa del Ministerio de Seguridad Pública.
Dicha entidad confirmó a La Nación que los hechos son analizados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por el presunto delito de fraude de ley en la función administrativa. Indicó que el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, y que la única investigada es Alvarado Guitta.
La denuncia por este nombramiento fue presentada el 6 de noviembre del 2023 por Vanessa Murillo Cascante, secretaria del Sindicato del Servicio Nacional de Guardacostas (Sitrasenag).
El fraude de ley se comete cuando se usa una norma legal con el fin de eludir los efectos de otra. Dicha falta es penada con prisión de uno a cinco años, según la Ley 8422.
Consultado sobre la pesquisa, el Ministerio de Seguridad indicó que la Fiscalía no le ha notificado la existencia de una causa relacionada con Alvarado, por lo que no podía emitir criterio. Señaló que la funcionaria renunció a la subdirección el 26 de febrero pasado y que se mantuvo como directora de Limón, puesto en que sí fue nombrada en propiedad.
LEA MÁS: Alto mando de Guardacostas nombrada en puesto inexistente
La entidad no detalló si existiría un reemplazo. Tampoco se confirmó si la renuncia estuvo vinculada con la investigación judicial o con un dictamen jurídico emitido por el Departamento Legal del SNG, el cual señalaba que dicho nombramiento debía considerarse nulo.
El informe, del 4 de setiembre del 2023 y divulgado por este medio en octubre, había alertado que las personas involucradas en el caso se exponían a procesos disciplinarios e incluso que se pudo haber incurrido en los delitos de nombramiento ilegal, prevaricato, usurpación de autoridad, incumplimiento de deberes, fraude de ley en la función administrativa y falsedad ideológica.
El nombramiento se realizó por medio del acuerdo ejecutivo número 058-2023 MSP, del 18 de mayo del 2023, firmado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves. La designación regiría desde el 22 de mayo de ese año hasta el 7 de mayo del 2026.
El dictamen legal, firmado por el entonces asesor legal del SNG, Carlos Alvarado Valverde, señaló que la Ley General de Policía y la Constitución Política restringen al Poder Ejecutivo en cuanto a nombramientos de fuerzas policiales.
También indicó que para crear el cargo de subdirector de Guardacostas, primero se debía realizar un análisis por parte de la Dirección de Recursos Humanos. Se debía, además, seguir con los procedimientos que define la Ley Marco de Empleo Público, y luego incorporar el cargo al Manual de Puestos de Seguridad Pública.
Según constató el asesor legal, con base en un oficio de Recursos Humanos enviado a la comandante Ana Luisa Barrantes, directora de Guardacostas de Golfito, tal gestión no se realizó ni estaba en proceso de ejecutarse.
“El Departamento de Análisis Ocupacional de la Dirección de Recursos Humanos no ha realizado el estudio del cargo ‘Subdirector (a) General del Servicio Nacional de Guardacostas’, para su incorporación al Manual de Clases Policiales de dicho cuerpo policial”, señaló el oficio del 23 de junio pasado, emitido por la directora de la oficina.
“Por consiguiente, no se dispone de un informe técnico o clase institucional que contemple las tareas, responsabilidades, condiciones organizacionales y ambientales y requisitos de dicho cargo”, indicó.
Finalmente, el informe recomendó derogar el acuerdo ejecutivo 058-2023, reintegrar a Alvarado a su cargo original, además de elevar los hechos al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética Pública.
Luego de que trascendiera la noticia sobre el nombramiento, el Ministerio había señalado en octubre que no se estaba creando ningún puesto de subdirección, si no que se recargó esas funciones en la funcionaria, quien no recibía salario como subdirectora.
La cartera argumentó que actuó conforme al artículo 65 de la Ley General de la Policía, el cual indica que “todo cuerpo policial deberá contar con un director y un subdirector”.
