Policías lidian con goteras, ratones y aguas de cañería en 127 comandancias

“Se mete el agua en donde los compañeros duermen porque hay problemas con el cielorraso y se inunda la delegación. Han hecho arreglos, pero no son las mejores condiciones en las que podamos estar. No tenemos comedor, comemos en un escritorio; tampoco hay mesas o sillas donde sentarse”, contó otro policía de una delegación al norte de San José.

Como ellos, decenas o cientos de uniformados tienen que lidiar con el mal manejo de aguas residuales de sus delegaciones, instalaciones eléctricas deficientes, techos que se están cayendo, paredes y pisos en mal estado y sedes que ni siquiera cumplen la ley 7600 para personas con discapacidad. Estas son apenas algunas de las razones por las cuales el Ministerio de Salud emitió en el último año 127 órdenes sanitarias en delegaciones policiales de todo el país.

El número es variable, ya que la institución lleva un registro semestral. Las autoridades aseguran que los datos no cambian tanto entre un mes y otro, por lo que se desconoce si actualmente hay más de 127 órdenes o si la cifra ha disminuido. Según Melissa Ramírez, directora general de Salud, las inspecciones sanitarias se realizan luego de recibir una denuncia que alerta de una anomalía en las instalaciones.

Durante las visitas, se enlistan todos los incumplimientos que presenta el edificio, incluyendo los mencionados anteriormente, así como servicios sanitarios en mal estado, poca ventilación, deficiencias en la instalación de gas GLP, desfogue de aguas fluviales, inadecuado almacenaje de alimentos en las delegaciones que tienen cocina y falta de extintores para la prevención de incendios.

A eso se suman oficinas que no tienen cielorraso, cañerías expuestas, plagas de roedores, condiciones insalubres de higiene, escasez de uniformes, botas, y disminución en la calidad y cantidad de los alimentos, según relatos de oficiales que conversaron con La Nación y pidieron mantener su identidad protegida.

En Limón, por ejemplo, un contingente extra de policías no tiene una sede donde pernoctar. Por eso, los reciben en el Polideportivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Allí les toca dormir hacinados en una azotea, con los colchones tirados en el piso y sin paredes para protegerlos de las inclemencias del tiempo, o del riesgo de una balacera.

Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), reconoció las falencias y llamó a los responsables a tomar cartas en el asunto, en especial a la dirección de infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública.

“Si nosotros como costarricenses estamos pagando alquileres para algunas delegaciones, esas no deberían tener órdenes sanitarias, porque el dinero siempre le llega al dueño de la propiedad. Aquí tiene que haber contratos y responsables. El director de infraestructura tiene que verificar que todo esté en las mejores condiciones”, afirmó Rojas.

“El departamento de infraestructura tiene que verificar si el edificio que se va a alquilar cuenta con las condiciones adecuadas. No es lo mismo alquilar una casa que alquilar un edificio. Tienen que verificar dónde van las aguas residuales, cuánto es la cantidad de personal que va a estar ahí, si hay duchas. No es lo mismo que lleguen cuatro personas a que lleguen cincuenta u ochenta por turno”, añadió Rojas.

Datos de Salud demuestran que la región Chorotega, que cubre a la provincia de Guanacaste, es la que más órdenes sanitarias presenta con 27. Le siguen, con 20 cada, la Huetar Norte (San Carlos, Los Chiles, Guatuso, entre otros) y la Huetar Caribe que incluye a Limón.

La Nación solicitó una entrevista con un vocero o encargado en Seguridad Pública desde el 10 de mayo, para conocer más a fondo el estado de situación de delegaciones, uniformes policiales, patrullas, y las medidas que se están tomando al respecto, pero al cierre de esta información no se había recibido respuesta.

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‘Varios años de abandono’

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Hace casi un mes, los policías salieron a protestar a las calles por el fallido plan de cambiar las jornadas 6x6 (seis días de trabajo y seis de descanso) a 6x4 (seis días laborados y cuatro libres), como parte de la estrategia del Gobierno para combatir la ola de violencia que azota al país. Dicha manifestación puso en evidencia no solo la molestia de los oficiales por esa medida, sino también su incomodidad tras años de abandono.

Así lo describió Mainor Anchía, presidente de la Seccional de Fuerza Pública de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Para el expolicía, el problema de las delegaciones se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo y la clave principal para resolverlo es dotar de recursos a la cartera de Seguridad, no solo para infraestructura, sino también para equipos y uniformes.

“Hay varios años de una especie de abandono en los que los policías casi tienen que suplicar por un par de botas, cuando es obligación del empleador reemplazar los implementos de trabajo cuando se deterioran, y las botas tácticas policiales son parte de las herramientas de trabajo”, explicó Anchía.

Según el líder sindical, la misma situación ocurre con la alimentación de los oficiales, ya que productos como quesos, verduras y frutas han dejado de ofrecerse en cantidad y calidad. Al parecer, la argumentación que les dio el Ministerio de Seguridad Pública para tomar esa decisión fue un “tema nutricional”.

“Hemos pedido que nos demuestren que han realizado un estudio de toda la población. ¿Cómo pueden determinar que mi nutrición es igual a la suya sin tener en cuenta el mismo peso, talla y contextura? Y no hemos recibido respuesta”, comentó Anchía, quien también es abogado.

En la misma línea, Rojas indicó que esta reducción se produce en algunos lugares porque se envía más personal del debido a las delegaciones. Por ejemplo, los alimentos se despachan calculando para las 20 personas que normalmente se encuentran en una comandancia, pero luego llega un contingente adicional de 15 personas para apoyar una operación.

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¿Qué ocurre cuando se emite una orden sanitaria?

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De acuerdo con la doctora Melissa Ramírez, directora general de Salud, una vez que la entidad emite una orden sanitaria a una comandancia normalmente se le notifica al representante legal de la institución y se le da un tiempo para que presente un plan remedial.

Una vez que se presenta el plan, se revisa y se indica si es aprobado o si requiere ajustes de acuerdo con un cronograma para realizar los cambios necesarios. No todas las mejoras pueden resolverse en uno o dos meses. En casos de arreglos más complejos, como instalaciones eléctricas, se concede un plazo mayor, mientras que en situaciones como la remoción de objetos que obstruyen la salida, el plazo puede ser de 15 a 22 días aproximadamente.

En otras ocasiones, por el contrario, las condiciones son tan inadecuadas que se declaran inhabitables y requieren de un traslado a otro edificio por el riesgo que sufren los funcionarios si permanecen más tiempo en el lugar.

“El tema con las delegaciones de Fuerza Pública es el impacto que tienen en el servicio de la comunidad. Se debe valorar el riesgo de cerrarla o dejarla abierta y se clausura cuando las condiciones son bien insalubres. Es en el menor de los casos cuando se llega a ese tipo de discusión”, añadió Ramírez.

Se consultó al Ministerio de Salud en cuántas de las 127 delegaciones ya se había atendido la alerta emitida. Sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta. Información a la que tuvo acceso este diario evidencia que las oficinas policiales de San Juan de San Ramón, en Alajuela; de Santa Ana, en San José; y de Bribri y Sixaola, en Talamanca, fueron declaradas inhabitables o con peligro insalubre.

“Lo más urgente que tiene que haber es una buena comunicación y un gran respeto por las personas, escucharlas a ver cuál es su opinión. No es solamente dar una orden, es sentarse y escuchar qué es lo que está diciendo el jefe de cada delegación; las condiciones no son las mismas para cada lugar”, respondió Rojas al ser consultada sobre cuál es el asunto prioritario que debe atender el nuevo ministro de Seguridad, Mario Zamora.