Editorial: Urgente revisión de Setena

La demora excesiva de un permiso crea tantas oportunidades de corrupción como el otorgamiento demasiado acelerado. La construcción de obras necesitadas de permisos mueve mucho dinero y, si la estructura institucional no está diseñada para evitarlo, actores externos e internos pueden intervenir para retrasar un proceso o impulsarlo según sea su conveniencia.

Por eso, preocupan las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República sobre la Setena y su vulnerabilidad a la corrupción. Según la auditoría, el riesgo simplemente no se ha considerado y no existe un plan estratégico actualizado para garantizar el funcionamiento apropiado de la entidad.

Por el contrario, hay “prácticas poco adecuadas”, pues en algunos casos la Comisión Plenaria designa como revisor de un expediente al representante de la misma institución solicitante de la viabilidad ambiental, es decir, no hay salvaguardas apropiadas para los conflictos de intereses.

La Comisión Plenaria es uno de los órganos decisivos de la institución, junto con el secretario general y la dirección denominada Unidad Técnico-Administrativa. Si en ese organismo los procesos no se conducen con las precauciones habituales para evitar sesgos, todo el sistema está en peligro.

También llamó la atención de la Contraloría la concentración, en algunos funcionarios, de la revisión técnica de expedientes de un mismo desarrollador. La sola constatación del fenómeno es motivo de alarma. La organización, dice la Contraloría, no impide la separación de funciones incompatibles ni prevé la rotación sistemática de labores para evitar el desarrollo de vínculos inconvenientes entre funcionarios y administrados.

Tampoco hay separación de funciones incompatibles ni evaluación periódica del personal. Las deficiencias se reflejan en las denuncias e investigaciones judiciales contra empleados de la entidad “por presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones”, lo cual repercute, sin duda, en el buen funcionamiento de las tareas habituales.

A lo largo de su historia, la Setena no ha logrado cumplir, consistentemente, el cometido de proteger el ambiente sin entorpecer el desarrollo. Ha sido blanco de quejas, más allá de las esperadas en una institución encargada de ejercer control. Los señalamientos no solo nacen de personas y empresas sometidas a la supervisión, sino también del gobierno, cuya conducción superior en varias administraciones ha admitido las deficiencias hasta el punto de ejecutar una intervención.

La Contraloría señala el debilitamiento paulatino de la Setena durante casi dos décadas, debido a las prerrogativas otorgadas a por lo menos ocho organizaciones para el ejercicio de funciones propias de la esfera de competencia de la institución. El resultado de este proceso no es bueno, pero, al menos en parte, se explica por los vacíos dejados en el cumplimiento de tan importantes funciones. El sistema debe ser revisado para atender las necesidades del desarrollo sin descuidar la protección del ambiente. Mientras no exista una organización ágil, protegida hasta donde es posible de los embates de la corrupción, no habrá garantía de óptimo cumplimiento de ninguno de los dos objetivos.