Todos los inviernos, la ruta 32 se convierte en una verdadera congoja para el sector productivo y los pobladores del Caribe. La solución no se puede postergar más dadas las millonarias pérdidas y la perenne incertidumbre por las condiciones del tramo más vulnerable
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Con la llegada de cada estación lluviosa, el riesgo de que un derrumbe deje fuera de servicio la ruta 32, por días e incluso semanas, se convierte en una verdadera congoja para el sector productivo y los pobladores del Caribe. Dar la vuelta por la angosta y serpenteante carretera de Turrialba no es opción para los transportistas que movilizan carga entre San José y Limón en grandes furgones articulados, e implica un fuerte incremento en sus costos, incluso pérdidas para exportadores, importadores, grandes y pequeños comerciantes, operadores turísticos, camioneros y particulares que utilizan la vía que atraviesa el cerro Zurquí para llegar más rápido a sus destinos.
A Kenneth Flores, dueño de una venta de frutas en Guápiles, Pococí, trasladarse a Barreal de Heredia para traer mercadería fresca suele costarle ¢16.000 en combustible y dos horas de viaje por la ruta 32. Sin embargo, el reciente derrumbe en esa carretera lo obligó a utilizar rutas alternas que dispararon su factura en gasolinera a ¢32.000 y extendieron la duración de su travesía a diez horas. Mientras tanto, la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac) confirmó que el último cierre, de 19 días, dejó atrapada en Puerto Limón, una gran cantidad de carga. Además, el costo adicional de usar vías alternas ascendió a ¢70.000 por viaje.
Los problemas de la vital ruta comercial, por donde circulan entre 20.000 y 24.000 furgones al mes, están mapeados desde hace mucho tiempo. Estudios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) señalan un tramo de montaña de 14 kilómetros convertido en zona crítica por la cantidad de emergencias registradas. Se trata de un sector de elevados taludes que, debido a las intensas lluvias, sufren fuerte erosión y monumentales deslizamientos, como el ocurrido el pasado 23 de junio con 17.000 metros cúbicos de tierra, el equivalente a 1.417 vagonetas.
Desde hace más de 12 años se han discutido propuestas para garantizar la operación ininterrumpida de la ruta 32. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha valorado la construcción de túneles falsos, una especie de cajones metálicos, para proteger a los vehículos en caso de caída de materiales y piedras. En febrero del 2020, un consorcio integrado por las empresas H. Solís y TPF Gentisa recibió el visto bueno del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para iniciar estudios de la ampliación del paso de montaña, bajo la modalidad de iniciativa privada.
Lamentablemente, todas las propuestas han ido a parar al archivo y la carretera se mantiene a la espera de una intervención técnica realista y efectiva. El 13 de julio, luego de la reapertura del paso, Luis Amador, jerarca del MOPT, pidió «precaución porque todo ese talud se va a seguir viniendo mientras no le demos una solución definitiva».
Buscar una salida es un reto del tamaño del cerro Zurquí, pero no se puede postergar más ante las millonarias pérdidas y la perenne incertidumbre por las condiciones del tramo más vulnerable de la vía. Ante la improbabilidad de que el Estado pueda emprender una obra de ese tipo en las actuales condiciones, la figura de la alianza público-privada ofrece una alternativa práctica.
En la Asamblea Legislativa hay un proyecto impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN) para dar nuevos bríos a ese modelo aplicado al desarrollo de iniciativas en materia vial y digital. Posiblemente, habrá otras propuestas a la espera de una ocasión oportuna. Es hora de lograr un acuerdo definitivo para eliminar, finalmente, las toneladas de excusas que nos impiden contar con las carreteras necesarias para ser más eficientes y tener mejor calidad de vida.
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