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Fiscalía solicitó la desestimación bajo el argumento de que los hechos no configuraron una conducta delictiva tipificada en la ley; la resolución favorece a 25 funcionarios judiciales que accedieron a información privada del portero en una base de datos policial de acceso restringido.

Pagarían hasta $1.000 cada uno a bufete con sede en Ginebra, Suiza, para sumarse a demanda contra medidas de ahorro establecidas en plan fiscal y reformas a pensiones de lujo; el contrato distribuido por los sindicatos incluye el ‘lobby’ ante organismos de la ONU y la OEA.

La Corte Plena aprobó este lunes un nuevo reglamento que viene a regular la conducta de todos los funcionarios judiciales.