Presunto líder de banda narco llegó a entregarse a Tribunales de San Carlos

Uno de los presuntos líderes de la banda narco que enviaba drogas a países de Europa, como Inglaterra, España, Bélgica y Países Bajos, llegó a entregarse al edificio de los Tribunales de San Carlos, a las 5 p. m. del viernes, confirmó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hombre, de apellidos Sobrado Zamora, era buscado desde el martes 23 de agosto. Ese día, el OIJ efectuó un megaoperativo con 24 allanamientos en Escazú, Santa Ana, Desamparados, Tibás, Moravia, Cartago, Alajuela, Esparza, San Carlos, Limón, Orotina y Guanacaste para desarticular la organización y detener a sus integrantes.

Ese día, la Policía Judicial detuvo a 13 personas, incluidos dos funcionarios judiciales, pero Sobrado era uno de los que estaban en fuga.

“Dentro de una organización criminal, al igual que una empresa, hay puestos gerenciales que tienen a cargo la administración de la compañía. Sobrado es una de las personas con un puesto en la organización de líder”, informó el OIJ.

Las pesquisas apuntan a que los estupefacientes eran enviados en contenedores que llevaban como carga legal banano, maquinaria y chatarra. Incluso, se dirigían también a a Canadá, Estados Unidos y Hong Kong.

En los operativos, la Policía decomisó 21 vehículos, 15 celulares, 12 relojes de lujo, cinco armas de fuego, un dron, marihuana y dinero en efectivo.

Los funcionarios arrestados son una personera del propio OIJ y un empelado del Tribunal Contencioso Administrativo; ambos figuran como sospechosos de realizar labores logísticas para la organización.

LEA MÁS: Funcionarios judiciales con nexos narco estuvieron 10 días presos en Países Bajos

De acuerdo con las investigaciones judiciales, estos servidores, de apellidos Valverde Salas y Mesén Bolaños, respectivamente, estuvieron 10 días tras las rejas en Holanda en enero pasado. Los motivos exactos de su aprehensión, relacionada con trasiego de droga, y las razones de su liberación no fueron precisados por las autoridades costarricenses.

Según explicó el director del OIJ, Walter Espinoza, en este megaoperativo se detuvo a sospechosos de funciones relacionadas con testaferro, traslado de dinero, adquisición y venta de vehículos, ejecución de movimientos de dinero e inserción de fondos en el sistema financiero para tratar de desprenderlos del origen ilegal.

Las autoridades precisaron que el cabecilla del grupo es un hombre identificado como Hilary Walker Fowlker, quien no fue detenido por estar fuera de Costa Rica. “En los últimos meses lo hemos detectado en Inglaterra, España, Países Bajos y Bélgica”, explicaron.

Walker, de 51 años, estuvo en el Centro de Atención Semi Institucional de San José al menos en el 2008 y 2009, ya que esos años gestionó dos recursos de habeas corpus contra el penal y el Instituto Nacional de Criminología (INC), según consta en resoluciones de la Sala Constitucional. No obstante, en los documentos no se precisa el motivo por el que estuvo bajo ese régimen.

“Este sujeto se encargaba de conseguir clientes para que la organización colocara el clorhidrato de cocaína que ingresaba a nuestro país (desde Colombia) y se comercializaba en Europa”, manifestó Espinoza.

Otras 11 personas también quedaron en manos de las autoridades como aparentes miembros de la agrupación. Se trata de dos mujeres apellidadas Ríos Ortega y González Arguedas, así como nueve hombres de apellidos Vargas Quirós, Núñez Díaz, Agüero Solano, Galagarza Galagarza, Carvajal Arias, Oses Vargas, Solano Quirós, Dávila Pérez y Villalobos Hernández.

“Estas personas cumplían labores logísticas dentro de la organización; ellos prestaban su nombre para inscribir propiedades, abrir cuentas bancarias, trasladar dinero, conformar sociedades anónimas para realizar exportaciones y buscar maquinaria industrial para que dentro de ella se escondiera cocaína”, agregó Espinoza.

Las diligencias de este caso comenzaron en el 2019, cuando la Policía Judicial detectó la existencia de la banda. A partir de ese momento, se hicieron cuatro incautaciones en el país previas a los allanamientos del martes.