La lucha contra la corrupción se inició en Costa Rica en 1996 con la Ley 7670.
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Proteger a los denunciantes es proteger los cimientos de una democracia robusta y saludable, en la que prevalecen la transparencia y la rendición de cuentas.
El valor de la denuncia de quienes están en posición de conocer actos de corrupción pública y privada amerita la existencia de una ley contra las represalias.