Abogado e Iglesia católica se enfrascan en lucha por privacidad de audiencias en proceso civil

En este asunto, tres hombres adultos le reclaman al arzobispo de San José, José Rafael Quirós y a varias instancias de la Iglesia, el pago de una millonaria indemnización porque, según su alegato, las autoridades eclesiásticas ocultaron las vejaciones que ellos habrían sufrido cuando eran niños.

En medio de ese proceso, José Rafael Fernández Quesada, representante del arzobispo, sostiene que el abogado de los tres hombres, Rodolfo Alvarado Moreno, ha hecho declaraciones a la prensa de manera “indebida” y por eso pide que se le aperciba y se le obligue “a respetar los principios de buena fe, lealtad y probidad exigidos por el Código Procesal Civil”. La solicitud de que se aplique un régimen disciplinario en contra de Alvarado la gestionó ante el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil, en el Primer Circuito Judicial de San José.

Fernández defendió que su gestión no busca silenciar al abogado ni a la parte denunciante, sino que se cumpla con “los principios de probidad que rigen la actividad de los abogados”.

“Cuando uno demanda a otra persona en los tribunales, presenta un caso y la otra parte se defiende, los hechos no están probados hasta que se dicte sentencia y el problema que tenemos aquí es que se está usando a la prensa como un medio para hacer presión sobre el tribunal y eso está prohibido, porque se están presentando opiniones personales de la parte contraria y del abogado de la parte contraria como si fueran hechos ya demostrados por el tribunal, incluso que no son ciertos y que no han sucedido, eso fue lo que solicitamos y está claramente expresado en el documento que yo presenté, porque los abogados podemos hablar con la prensa y podemos informar hasta donde llega la ética profesional”, argumentó Fernández.

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El abogado de los denunciantes, por su parte, calificó la petición del representante de la Iglesia como “un hecho de enorme gravedad”, e insistió en que lo que se pretende es “que la opinión pública no conozca absolutamente nada de lo que acontece” en el contradictorio.

“La Iglesia católica ha presentado al Tribunal Colegiado Civil que conoce los juicios civiles en contra de la Iglesia una solicitud para callar cualquier tipo de manifestación pública que pueda hacer el suscrito en relación con los hechos, con el propósito de que la opinión pública no conozca absolutamente nada de lo que acontece en ese juicio.

“Lo más grave es que en ese escrito que están presentando para que el tribunal de alguna forma me sancione, están indicando que el día del juicio, estando la prensa en la parte de afuera esperando noticias del juicio, noticias que por supuesto se le brindaron en aras de la comunicación abierta, transparente y diáfana que deben tener ese tipo de juicios, la Iglesia católica indica que eso no debía haberse dado nunca y que está prohibido en virtud de que la prensa se le prohibió el ingreso al recinto de juicio, esa situación es importante denunciarla”, explicó Alvarado.

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El caso en vía civil

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Tres hombres demandaron civilmente al arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós; a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (es una figura jurídica que maneja los bienes de la arquidiócesis) y a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (constituida por todos los obispos del país) por, presuntamente, encubrir delitos sexuales a menores.

Cada una de las acciones, aunque se plantearon al mismo tiempo y por los mismo hechos, se manejan en tres diferentes expedientes. Cada una exige el pago de ¢100 millones (¢300 millones en total) y fueron presentadas desde noviembre del año anterior en el Tribunal Civil Colegiado del Primer Circuito Judicial de San José.

Precisamente, uno de los casos, en que el demandante es un hombre de apellidos Muñoz Quirós, ya tuvo dos audiencias, la segunda de ellas el viernes 25 de marzo pasado, cuando se habría dado la supuesta irregularidad que denuncia la Iglesia católica. La resolución de esta denuncia está pendiente, ya que por su complejidad se analiza la situación por varias semanas.

Alvarado, que representa legalmente a los demandantes, dijo que se trata de un juicio “por daños y perjuicios presentado por tres de los muchachos que al parecer fueron abusados criminalmente por el padre (Mauricio) Víquez Lizano, y que la Iglesia Católica desde los años 2002-2003 conocía de la existencia de esos delitos perpetrados en bienes de la iglesia, entiéndase vehículos, residencias y templos, y nunca hizo nada para evitarlos.