Investigaciones por millonarias compras de equipos tecnológicos en CCSS acumulan tres años sin avances

Las pesquisas involucran a Robert Picado Mora, subgerente de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, al subdirector de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones y al jefe del Área de Comunicación y Redes Informáticas.

De acuerdo con la Auditoría Interna, en el primero de los casos la Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones incluyó en los requisitos de varias contrataciones la adquisición de dispositivos con “compatibilidad total” con la marca Cisco, sin que existiera un análisis técnico que justificara esa condición. Los auditores enfatizaron en que esa situación impidió la libre competencia.

Ante la alerta, en octubre de 2020, la Junta Directiva de la CCSS frenó un proceso de contratación por $9,8 millones (¢5.380 millones aproximadamente) para la compra de soluciones de redes y equipos de comunicación por un supuesto favorecimiento a proveedores Cisco.

Según la Auditoría Interna, el cartel de esa licitación estableció que los componentes a comprar debían ser “compatibles en todos sus extremos” con Cisco. Esa situación, señaló el órgano fiscalizador, limitó “la participación de potenciales oferentes de otras marcas”. La Contraloría General de la República también objetó ese proceso de contratación.

De la misma forma, un grupo de ingenieros ajenos a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones ratificó que la licitación se inclinaba hacia proveedores de la marca mencionada.

Solo entre 2019 y 2020 la institución había destinado $2,6 millones (casi ¢1.500 millones) para la compra de equipos de telecomunicaciones, de esa cifra el 42% (¢630 millones) resultó en adquisiciones para la marca mencionada

Como parte de su trabajo, en enero de 2021, la Auditoría Interna solicitó intervenir la Dirección de Tecnologías y, ese mismo mes, Picado fue separado de su puesto como una medida cautelar mientras avanzaba el proceso en su contra.

No obstante, las investigaciones están lejos de concluir y determinar si los funcionarios incurrieron en faltas que causaron un perjuicio a la entidad.

“Yo todavía tengo las medidas cautelares. Dicho sea de paso, esas medidas cautelares son totalmente ilegales”, comentó Picado al ser consultado por este diario. Según detalló, ese tipo de acciones deben tener un plazo finito y en su caso se dictaron de forma indefinida.

Actualmente, Picado realiza labores de tecnología de información en la Gerencia de Pensiones de la CCSS. Al preguntarle si interpuso acciones legales para ser reincorporado en la Subgerencia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones prefirió no responder.

El segundo caso se relaciona con aparentes anomalías en la adjudicación de una compra de licencias informáticas por ¢400 millones para un centro de llamadas, donde también podría haber favorecido a un proveedor.

El pasado 13 de julio, por medio de un correo electrónico, la CCSS confirmó que Picado Mora registra dos procesos administrativos en su contra.

El Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) indicó que los traslados de cargos de esos casos se efectuaron en noviembre de 2021 y febrero de 2022. Es decir, del primer caso se informó a los implicados más de un año después de que se ordenara la investigación.

Pese al tiempo transcurrido, ambos expedientes carecen de un informe de conclusiones en el que se recomiende absolver o sancionar a los involucrados.

La Nación envió a Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, preguntas sobre este tema, pero afirmó que no pueden responder debido que aún no han sido valorados por la Junta Directiva.

Centro de llamadas

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Con respecto al caso por el centro de llamadas para la atención de pacientes, el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) muestra que la CCSS inició, el 11 de marzo de 2021, un proceso de licitación abreviada para licencias informáticas. Este fue adjudicado el 29 de abril de 2021 a la empresa GBM Costa Rica por ¢400 millones.

Para la licitación, solo GBM Costa Rica presentó una oferta. Otras dos compañías solicitaron extender el plazo para la entrega de propuestas, pero la respuesta de la Caja fue negativa.

La licitación, según los documentos publicados en Sicop, fue publicada a pesar de que la Caja no había finalizado el plan piloto que le permitiría decidir si tenía o no capacidad para abrir el centro de llamadas. Además, la empresa adjudicada era la dueña de las licencias que la CCSS utilizó en el plan piloto, aspecto que se mantuvo en secreto hasta que este medio de comunicación consultó al respecto.

Todos estos elementos provocaron que la Auditoría Interna presentara, el 3 de agosto de 2021, una denuncia penal en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se investigue si los involucrados en este caso incurrieron en algún tipo de delito.

El Ministerio Público también mantiene una investigación judicial por la apertura del centro de atención de llamadas en la Caja.

Otro pendiente

Copiado!

En este momento, también se está a la espera de que la CCSS concluya la investigación por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Las pesquisas administrativas por esos hechos también se iniciaron en agosto de 2020, hace casi tres años, luego de que La Nación diera a conocer las aparentes anomalías.

El 14 de junio, la jerarca de la CCSS informó de que la Junta Directiva había tomado la decisión de realizar despidos por ese caso, sin embargo, a la fecha se desconoce si las sanciones se han concretado o no.

Seis funcionarios estaban bajo investigación, entre ellos el ahora exgerente de Logística, Luis Fernando Porras, quien renunció a la CCSS en octubre de 2021. Además dos asesores suyos, así como Miguel Salas Araya y Maynor Barrantes Castro, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y jefe del Área de Adquisición de Bienes y Servicios, respectivamente.