Reducir cargas patronales a la mitad costaría ¢553.000 millones

Reducir las cargas patronales a la mitad aumentaría el empleo formal de un 56% a casi un 68%, haría crecer la economía y reduciría el desempleo.

Más de 260.000 personas pasarían de trabajar desprotegidas a cotizar para una futura pensión y a tener seguro de salud.

Sin embargo, el aumento de cotizantes y el crecimiento económico no alcanzarían para cubrir el faltante que la medida abriría en el financiamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y demás instituciones que se alimentan de las cargas sociales, como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el INA.

Un estudio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó que el Gobierno tendría que aportar ¢536.000 millones anuales, equivalentes a un 1,45% del producto interno bruto (PIB), para suplir la diferencia y darle sostenibilidad a la reducción de las cargas patronales.

El dinero requerido equivale prácticamente a la recaudación del impuesto a los combustibles, que este año generaría ¢515.000 millones, de acuerdo con una certificación de la Contraloría General de la República.

O bien, equivaldría a una tercera parte de lo que Hacienda recauda por el impuesto sobre la renta (un total de ¢1,6 billones).

Por el lado del gasto, a manera de ejemplo, los diputados le recortaron el año pasado ¢393.000 millones al Presupuesto Nacional por la pandemia, casi dos terceras parte de lo que se requeriría para reducir las cargas patronales.

El Banco Central explicó que, para bajar las cargas patronales y compensar a las instituciones que se financian con ellas, el Poder Ejecutivo tendría que hacer transferencias financiadas con impuestos generales.

El cálculo de los ¢553.000 millones anuales ya incluye los efectos macroeconómicos de eventuales nuevos tributos, explicó el BCCR, el cual concluyó que “los efectos netos en crecimiento y bienestar son positivos”.

Análisis de escenarios

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Actualmente, los patronos pagan un 26,5% de cargas sociales por cada trabajador, uno de los porcentajes más altos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Eso significa que por cada ¢100.000 pagados a un empleado, el patrono debe pagar ¢26.500 para el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Fodesaf, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Banco Popular y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Además, una parte del dinero va para las pensiones complementarias de los asalariados.

Bajo este panorama, hoy la informalidad alcanza al 44% de los trabajadores ocupados, el tercer porcentaje más alto de los países de la OCDE, solo por debajo de Colombia y México.

En Chile, por ejemplo, la informalidad es de un 35% y, en Estados Unidos, es inferior al 20%.

El costo de las cargas patronales, expuso el Banco Central, “genera desincentivos para la formalización y redunda en una alta tasa de desempleo y una alta tasa de informalidad”.

“Los trabajadores informales reciben menores salarios y no gozan de derechos laborales ni de plena protección laboral”, cita el estudio.

Además, el sector informal es menos productivo, pues quienes operan en él permanecen pequeños “para poder mantenerse invisibles”, lo que les impide aprovechar economías de escala y expandir su producción.

Por último, el alto nivel de informalidad reduce tanto la base de contribuyentes a la seguridad social como la recaudación de impuestos, señaló el BCCR.

Bajo este marco, el Banco Central evaluó el efecto que tendrían cinco distintos porcentajes de cargas patronales, a fin de explorar incentivos para la formalización, así como liberación de recursos “para que los empresarios puedan contratar más trabajadores y para que los niveles de salarios aumenten”.

El primer escenario es el actual. En los siguientes cuatro escenarios, las cuotas se reducen en un 25%, 50%, 75% y 100%, respectivamente.

Mediante un modelo matemático, el BCCR evaluó los efectos de cada uno.

Sin tocar SEM ni IVM

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En el segundo escenario, si las cargas patronales bajan de un 26,5% a un 19,9%, el empleo formal subiría de un 56% a un 61,4%, lo que equivale a 120.000 personas más con seguro de salud y cotizando para una pensión.

A su vez, se crearían unos 23.000 empleos nuevos. La tasa de desempleo bajaría en un punto porcentual (de un 18,1% a un 17,3%).

Por su parte, para cubrir el faltante en la recaudación, el Gobierno tendría que aportar ¢240.000 millones en transferencias, equivalentes al 0,63% de la producción.

Esta reducción de 6,6 puntos porcentuales en las cuotas equivale casi al porcentaje que los patronos deben pagar para financiar al Fodesaf, el IMAS, el INA y el Banco Popular, por los cuales los empleadores deben pagar cuotas equivalentes a un 7,25% de cada salario.

Es decir, podría quedar intacto el financiamiento de los dos regímenes de la CCSS (SEM e IVM) y de los aportes a pensiones complementarias.

50.000 nuevos empleos e informalidad similar a Chile

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El tercer escenario, en el que las cargas sociales se reducen en un 50%, tiene un impacto mucho más significativo. Además de que el empleo informal sube a casi el 68%, el desempleo bajaría de un 18,1% a un 15,6%, lo que equivale a 50.000 nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a la formalización, la cifra de trabajadores formales pasaría de 1.104.500 a 1.366.500 dentro de un mercado laboral compuesto por poco más de dos millones de personas ocupadas.

La informalidad bajaría al 32%, casi el mismo nivel de Chile.

En el mismo escenario, el PIB crecería un 3,4% adicional.

No obstante, si bien el aumento de la formalidad y de la generación de empleo incrementarían la recaudación de cargas sociales, estos factores compensan parcialmente la caída en los ingresos por la reducción de las cuotas, dejando un faltante del 1,45% del PIB.

En consecuencia, la recaudación por cargas patronales bajaría de un 7,43% a un 5,98% del producto interno bruto. En montos nominales, bajaría de ¢2,75 billones a ¢2,21 billones.

En las simulaciones del BCCR, no se varía el aporte de los asalariados e independientes a la seguridad social.

El Banco Central sostiene que, si se reduce la cuota patronal, aumentará el salario formal promedio y se estimula la formalidad.

La entidad explica que las altas cargas hoy son un incentivo para la informalidad.

“La reducción en la informalidad a su vez genera una caída en el salario medio informal, debido a que los puestos informales que se mantienen son los que tienen una menor productividad y por lo tanto menores salarios”, agrega el documento.

Sobre el escenario 4, el de una reducción del 75% en las cargas sociales, el empleo formal crecería hasta el 74,8% y el aporte del Gobierno tendría que ser de ¢962.000 anuales.

El quinto escenario, el de eliminación total de cargas, subiría la formalidad al 83,3% y la transferencia de Hacienda ascendería a ¢1,5 billones por año.

Ministro de Hacienda descarta posibilidad

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Frente a esa posibilidad, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, descartó cualquier uso de ingresos fiscales para sustituir el faltante que la medida generaría en la Caja.

La prioridad del Gobierno en este momento, dijo, es cumplir con el programa de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este obliga al Gobierno a conseguir un 1,17% del producto interno bruto (PIB) para darle sostenibilidad a la deuda y equilibrar las finanzas públicas.

“No es una opción que nosotros podemos plantear en 2021 ni en 2022. Habría que buscar planteamientos absolutamente distintos si se quiere desarrollar una opción de ese tipo, pero no podría ser con ingresos fiscales”, descartó el ministro.

Villegas recordó que una alternativa para que el Gobierno asumiera el 5% de la contribución patronal al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), se incluyó en una primera propuesta al FMI que se desechó por estar recargada de impuestos.

“En setiembre de 2020 se planteaba algo en ese sentido, pero era con un impuesto nuevo del cual se iba a tomar una parte para pagar lo relacionado con Asignaciones familiares”, memorizó.

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Ese plan contenía un impuesto del 0,3% a las transacciones bancarias, incluido el retiro de dinero en cajeros automáticos, durante dos primeros años. Luego, la tasa bajaría al 0,2% durante los dos años siguientes.

Con este tributo, Hacienda pretendía recaudar ¢3,6 billones en los cuatro años de vigencia temporal, con los cuales asumiría la eliminación a los patronos de ese impuesto.