Una vez más, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia acudió a los diputados para pedirles que atrasen 18 meses la entrada en vigencia de la Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica (ley 9481), por falta de tiempo y de dinero para cumplir con esa legislación.

Las magistradas penales Patricia Solano y Sandra Zúñiga se reunieron este jueves, al mediodía, con los jefes de fracción del Congreso, para advertir de que no tienen el presupuesto necesario para crear esa jurisdicción especializada en el crimen organizado.

Tal como está diseñada la ley, la puesta en funcionamiento de esa jurisdicción costaría cerca de ¢44.000 millones.

Además, les solicitaron tramitar de forma expedita un proyecto de ley que reduciría el costo de esa dependencia y permitiría que solamente los asuntos más complicados se vean en la jurisdicción especializada de crimen organizado, mientras que los más sencillos podrían tramitarse en todo el país.

Patricia Solano, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, explicó que la ley 9481 no establece el contenido presupuestario para crear la nueva jurisdicción.

La petición de las magistradas es que la reforma que abarate costos y mejore la futura operación de esos juzgados, avance sin mayores trámites en el Congreso.

Solano explicó que, parte del problema, es que la ley 9481, que entraría en vigencia el 13 de octubre de este año, ordena que todos los casos sobre delincuencia organizada se discutan en la jurisdicción especializada.

Eso podría hacer que la nueva jurisdicción colapse y que no haya suficiente personal ni jueces para atender todos los casos sobre crimen organizado que se generen en el país, desde los más sencillos hasta los más complicados.

“El problema es que la ley lo concentra todo en una sola jurisdicción, pero incluso nombrando y nombrando jueces, podría llegar a colapsar, por tener que atender todos los asuntos del país”, dijo.

La reforma a la ley 9481 que pidieron aligerar las magistradas, permitiría que los asuntos menores se vean en todos los tribunales del país, de acuerdo con la región, y solo los más complicados llegarían a la jurisdicción especializada.

Para eso, solicitaron un aplazamiento de un año y medio, sea 18 meses, para avanzar en varias fases de preparación de la nueva jurisdicción, en cuenta la capacitación del personal.

“En este momento tampoco tenemos infraestructura, ni presupuesto para implementarla. No estuvo en el presupuesto del 2018, ni en el de este año ni Hacienda lo envió en el del 2020”, comentó Solano.

Uno de los aspectos que más encarece la nueva jurisdicción sobre delincuencia organizada es que la redacción de la ley original establecía que todos los funcionarios asignados a ella, todos sus operadores, debían tener seguridad asignada las 24 horas.

“Toda la implementación, con este componente de seguridad, costaría ¢44.000 millones y eso sería un problema financiero para Costa Rica. Hemos analizado en el Poder Judicial cómo dar una mejor respuesta sin un costo económico tan fuerte”, dijo la presidenta de la Corte en ejercicio.

Si los diputados aprueban la nueva propuesta, que está en el Congreso desde agosto pasado, bajo el expediente 21.559, el costo de la implementación sería de ¢19.750 millones, detalló Solano.

En ese caso, la primera etapa, que implica sobre todo la modificación de la planta física, adecuar las salas de juicio para atender procesos sobre crimen organizado, y demás labores, tendría un costo de ¢4.573 millones.

El resto de la implementación de la nueva jurisdicción, o sea, la segunda etapa, costaría ¢15.177 millones.

Originalmente, la iniciativa para crear la nueva jurisdicción debía entrar en vigencia en octubre del 2018, o sea, 12 meses después de la publicación de la ley. Sin embargo, a mediados del 2018 se modificó el artículo que cambiaba la fecha de entrada en vigencia.

La nueva fecha para la entrada en vigor de esa ley es octubre del 2019, pero el Poder Judicial insiste ante los diputados en que no están preparados para poner la nueva jurisdicción en marcha.

Aunque las magistradas pidieron la dispensa de los trámites para el proyecto, el liberacionista Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, indicó que no hay mucho ambiente para esa dispensa.

“Entiendo que no hay ambiente, pero sí para que se vea por la vía ordinaria, que es lo que vamos a hacer para sacarlo rápido de la Comisión de Seguridad, la otra semana para que se vea en plenario”, explicó el legislador.

Cambios en la jurisdicción

Además de atrasar la entrada en vigencia de esa ley de jurisdicción del crimen organizado, las magistradas solicitan que se realicen una serie de cambios a la ley original que, según ellas, permitiría el fortalecimiento de la jurisdicción que aún no se ha creado.

La iniciativa que ellas piden agilizar sugiere, por ejemplo, que la persecución y juzgamiento de los casos de delincuencia organizada se podrán conocer tanto en la jurisdicción ordinaria penal como en la especializada, que tendrá sede en el primer circuito judicial de San José.

Sería el Ministerio Público el que solicite, por conveniencia, complejidad o seguridad, cuál juzgado pueda ver el asunto específico.

También quieren los magistrados de la Sala Penal que los funcionarios de la jurisdicción especializada no tengan una protección permanente, sino "solo cuando sea necesaria, conforme lo determine un estudio técnico del Poder Judicial".

Además, el nombramiento de los funcionarios para la jurisdicción especializada sería por periodos perentorios y no perenne, para que vencido el plazo de la designación, el funcionario judicial regrese a su puesto original.

Tal como propusieron las magistradas, la idea es que la prórroga de 18 meses permita ir cumpliendo con las normas por fases, empezando por el reclutamiento y selección de personal.