Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/YSUDXKGNIRHNLCAIM2BZNZXWNM.jpg)
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, conversó con la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, poco antes de su interpelación en el plenario de la Asamblea Legislativa, este miércoles. Foto: (Rafael Pacheco Granados)
Los diputados están obligados, por reglamento legislativo, a empezar la discusión de las mociones de censura contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, antes de que se cumplan 10 días desde su presentación.
Así lo establece el artículo 214 del reglamento, donde dice que el Directorio de la Asamblea Legislativa debe fijar una fecha que no sea antes de cinco días desde que se presentó la moción, ni después de los 10 días.
Eso significa que el plenario debe empezar la discusión entre el miércoles 5 de julio y el lunes 10 de julio.
La censura a los ministros la establece el inciso 24 del artículo 121 de la Constitución Política, donde se indica la potestad de los congresistas de interpelar a los ministros de Gobierno y censurarlos, con una moción aprobada por dos tercios de los diputados presentes en el plenario.
La Carta Magna establece dicha sanción política “cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses políticos”.
Por su parte, el Reglamento permite que un voto de censura lo pida, de forma escrita, uno o varios diputados. Después de que el Directorio establezca la fecha de inicio para su discusión, esto se le comunicará al ministro correspondiente.
Si un voto de censura se aprueba, se considera un acuerdo firme y no se podrá revisar, como sí se puede hacer en el caso de prácticamente todos los acuerdos del Congreso.
La discusión de un voto de censura se debe realizar en la primera parte de la sesión ordinaria del plenario, y cada diputado tiene 15 minutos para hablar por el fondo.
Si bien no se necesitan los 38 votos para su aprobación, salvo que se encuentren todos los diputados presentes en el plenario en ese momento, sí es obligatorio alcanzar ese número de apoyos para que el plenario acuerde posponer todos los asuntos y entrar al capítulo respectivo de la agenda legislativa donde se establece esa discusión.
La primera moción de voto de censura presentada contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, está firmada por 18 legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA).
En esa moción, le achacan instrumentalizar a la Dirección General de Tributación como un medio de persecución política, además de haberle mentido al plenario respecto al presunto “megacaso” de fraude fiscal que el gobierno de Rodrigo Chaves le achaca al empresario Leonel Baruch, accionista del medio de comunicación CRHoy.
Además, los seis integrantes del Partido Liberal Progresista (PLP) plantearon una segunda moción de censura contra Acosta por el “indudable ánimo persecutorio” contra Baruch y otras voces críticas del Gobierno, así como una reiterada improvisación en el manejo de temas delicados.
Nogui Acosta reconoció, el miércoles en la segunda interpelación sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal, que la denuncia había partido de un video de TikTok.
Este viernes, se reveló que el Ministerio de Hacienda solo había enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros la transcripción de un tiktok para denunciar a Baruch, por lo que el Ministerio Público pidió la denuncia correspondiente el pasado 2 de marzo.
¿Qué es una moción de censura?
La moción de censura es un mecanismo político sin efectos jurídicos. Configura una fuerte declaración de la Asamblea Legislativa en contra de un ministro del gabinete.
En otros países, una moción de censura tiene la potestad de obligar al jefe de Estado a destituir al funcionario. En Costa Rica es un pronunciamiento de rechazo al accionar de un jerarca.
El Congreso no aprueba una moción de censura desde hace casi 30 años, cuando el 15 de diciembre de 1995 se aprobó esa sanción política contra el entonces ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro Fernández.
En esa ocasión, el voto de censura fue apoyado por 51 de los 56 legisladores que estaban presentes en el plenario.
La censura se dio por hechos ocurridos el 7 de diciembre de aquel año, cuando Castro encabezó un contingente de policías -algunos equipados con fusiles M-1, revólveres 9 milímetros y chalecos antibalas- que desfiló hasta las puertas de la Asamblea Legislativa.
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gruponacion/6eaef365-0e2c-4772-9c30-ecfb5a22a480.png)