Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió este jueves que todas las partes implicadas en la crisis de Bielorrusia negocien para salir de la crisis, aunque advirtió que está dispuesto a ayudar con fuerzas policiales al presidente Alexánder Lukashenko.

Este, enfrentado durante tres semanas a una ola de protestas de una amplitud sin precedentes, afirmó a mediados de agosto haber recibido una promesa de “ayuda” de Moscú para preservar la seguridad.

Este jueves, Putin indicó que Rusia está preparada para intervenir en Bielorrusia, si es necesario, en el marco de acuerdos militares y de seguridad existentes.

“Alexánder Gregorivich (Lukashenko) me solicitó que constituyera una reserva de agentes del orden y lo hice”, señaló, aunque agregó que esperaba no recurrir a ella.

"Convenimos que no la utilizaría hasta que la situación quedase fuera de control y elementos extremistas (...) superen ciertos límites: incendiando autos, casas, bancos, o intenten apoderarse de edificios administrativos", explicó.

Putin exhortó a "todos los participantes en este proceso" a "buscar una salida" a la crisis.

Este jueves, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, pidió a Rusia que no se inmiscuya en la crisis política bielorrusa.

"Nadie, Rusia tampoco, debe entrometerse", advirtió en una entrevista concedida al diario alemán Bild online. "Bielorrusia es un Estado soberano e independiente", añadió.

La oposición dice querer dialogar con Lukashenko, pero le exige su salida, y este rechaza cualquier negociación, limitándose a mencionar un vago proyecto de revisión constitucional.

Presión popular

El presidente se enfrenta a un desafío de protestas sin precedentes desde que llegó al poder en 1994. Han tenido lugar manifestaciones gigantescas para denunciar su reelección, considerada fraudulenta, con el 80% de los votos. Los manifestantes creen que ganó la opositora Svetlana Tijanovskaia, refugiada en Lituania.

En la capital, Minsk, y en toda Bielorrusia, hay mítines diarios pese las declaraciones marciales de Lukashenko, acompañadas de represión.

El 16 y 23 de agosto, unas 100.000 personas marcharon contra él y esperan repetirlo el domingo.

Pero, las autoridades también mantienen su presión.

Una de las principales figuras de la oposición, María Kolesnikova, fue convocada este jueves por investigadores en el marco del proceso contra el “consejo de coordinación” creado para impulsar la transición política, del que es miembro.

Kolesnikova se negó a responder a las preguntas. “He ejercido mi derecho constitucional a no atestiguar contra mí misma”, declaró a la prensa.

Este jueves, los embajadores de la UE ante Minsk advirtieron al ministro de Relaciones Exteriores bielorruso que el proceso judicial contra opositores es “inaceptable”, y solicitaron a las autoridades acceder al diálogo.

La reunión con el canciller Vladimir Makei tuvo lugar en momentos en que la UE debe decidir las sanciones que impondrá a los altos funcionarios presuntamente involucrados en la represión y en el fraude electoral en Bielorrusia.

La represión tras las elecciones provocó tres muertos, decenas de heridos y más de 7.000 detenidos.

A pesar de que la mayoría de los encarcelados han sido liberados, los diplomáticos de la UE solicitaron tener acceso a las cárceles donde se encuentran detenidos quienes se han manifestado contra el gobierno, tras informaciones sobre malos tratos y torturas realizadas por algunos de los primeros.

Lukashenko, inflexible, denunció esta jornada una “guerra híbrida”, diplomática y mediática, atizada por sus vecinos bálticos y polacos.