Competencia perfecta: Credibilidad y transparencia presupuestaria

El ajuste presupuestario por ¢600.000 millones solicitado por Hacienda es una noticia preocupante.

Evidencia la gravedad de la situación de las finanzas gubernamentales. Es el reflejo de las crecientes dificultades para financiar el déficit y los vencimientos de deuda que ha experimentado Hacienda en los últimos dos años y que se manifiestan en cambios en las características de la deuda típicos de momentos de estrés: menores plazos, tipos variables de interés y aumento en el endeudamiento en dólares.

Pero lo realmente preocupante de esta desafortunada noticia es su efecto sobre la credibilidad de la política fiscal y las complicaciones que añadirá a las negociaciones entre el Ejecutivo, los partidos políticos y los grupos de presión en torno al urgente ajuste en las finanzas del Gobierno.

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En materia fiscal y en general, en el ámbito de las políticas económicas, la transparencia y la credibilidad son activos valiosísimos. Aunque pueda justificarse que en el momento en que se formulaba el presupuesto no se esperaban estas amortizaciones (pues se pretendía financiación a plazos mayores), es evidente que, desde el segundo semestre de 2017, las autoridades sabían de los cambios en las condiciones de mercado y, sobre todo, de lo que implicaban en términos de vencimientos de la deuda gubernamental y, por tanto, conocían que una porción nada despreciable de ellos no había sido adecuadamente presupuestada.

En estas circunstancias, dado el potencial efecto adverso sobre la confianza de quienes financian al Gobierno – algunos de ellos incluso probablemente inversionistas externos – lo correcto hubiese sido transparentar la situación mucho antes.

El no haberlo hecho así somete a un estrés adicional la situación de las finanzas públicas. Coloca al país en una incómoda situación: al día de hoy, importantes vencimientos de deuda no se encuentran autorizados presupuestariamente y, por tanto, más allá de la ya complicada realidad que experimenta la financiación gubernamental, no podrían realizarse según el marco jurídico vigente. A la vez que, al pasar la solución a este problema por el Legislativo, se tensa aún más el ya de por sí complicado trámite del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues lo sucedido contribuye a sembrar dudas sobre la transparencia de la política fiscal y de las autoridades.

A la hora de describir esta situación, puede pensarse en muchos adjetivos, pero sin duda heroico no es uno de ellos.