Grupos sociales solicitaron la exclusión de docentes tras la guerra de 1948

De esa forma, Azofeifa justificó la represión de la que fueron objeto los docentes a quienes genéricamente se los identificó como “caldero-comunistas”, el bando perdedor del enfrentamiento armado.

Con su artículo, Azofeifa puso en evidencia la presión que contra un sector del magisterio existió de parte de grupos de la sociedad. Estos deseaban el escarmiento de los perdedores con una “sanción social”. La presión surgió de otros educadores, de estudiantes y de padres de familia.

Conflictos. Tan pronto finalizó la confrontación bélica, algunos docentes expresaron públicamente su recelo contra sus colegas que participaron en los hechos de 1948 a favor del anterior oficialismo, o bien, contra quienes se consideraba simpatizantes activos del caldero-comunismo.

Así lo demostró un grupo de docentes del Liceo de Costa Rica –según informó La Nación el 12 de junio–, quienes plantearon, ante la Secretaría de Educación, la necesidad de llevar a cabo “la separación de los profesores que tuvieron actuaciones inconvenientes durante la reciente campaña política”.

Los alumnos también se manifestaron al respecto. Según lo dio a conocer el Diario de Costa Rica los días 13 y 18 de mayo, las estudiantes de quinto año del Colegio Superior de Señoritas solicitaron la separación de 22 educadores “caldero-comunistas”, a quienes responsabilizaron por la decadencia de la institución durante los gobiernos precedentes.

Las jóvenes fueron más allá y apuntaron que se irían a una huelga en caso de no darse la inmediata supresión de los elementos caldero-comunistas de sus puestos debido a sus “actuaciones repudiables”. Eso sí, aclararon, era necesario hacer una excepción con “ciertos profesores que siendo calderonistas respetaron siempre su investidura y la dignidad del alumnado”.

Denuncias. Durante junio de 1948 continuaron las denuncias y la exclusión social de los perdedores. Hubo acusaciones dirigidas contra docentes por ser “comunistas” y por impedir el desarrollo de la educación.

Tal es el caso de la carta que la estudiante Adela Jiménez Villalobos envió al Diario de Costa Rica , misiva que se publicó el 8 de junio. La firmante dijo representar el sentir de los padres de familia “indignados por la actuación de la nueva Directora de la escuela de Tres Ríos, quien cooperó con el actual gobierno antes de obtener dicho puesto enfrentándose hasta con los mariachis en la calle y haciendo propaganda en las plazas públicas, [pero] hoy está amalgamada con el personal comunista que es bastante; sabiendo ella que hay niños que lloran por ir a la escuela y que los padres no pueden enviarlos por este complot comunista que hay aquí”.

Según se seguía denunciando en los periódicos durante 1948, ese “peligro” no era imaginado, y había pruebas que constataban esta situación, en particular en el caso de la violencia física, considerada una “agresión indigna”.

Así, por ejemplo, según se afirmó el 28 de agosto en La Prensa Libre , en una reunión de maestros de Educación Física en la Escuela Vitalia Madrigal, “una de las maestras presentes, que fue activo elemento del magisterio de la anterior administración, provocó un altercado. En esta agresión se agarró con otra maestra, y el cabello y sus trajes anduvieron entre sus manos en espectáculo nada correcto, y en la puerta del edificio ya había un grupo de comunistoides en espera de la salida de los citados profesores”.

Intentos de moderación. El 29 de mayo de 1948, La Nación publicó un discurso de José Figueres en el que se refirió a la persecución contra los docentes:

“¿Cómo podríamos ver con buenos ojos, por ejemplo, que se persiguiera a un maestro solo por razones de color político? […]. Hemos sabido que algunos Jefes de la enseñanza están soportando una implacable ofensiva de parte de sus miembros subalternos que querrían a toda costa, según parece, destruir a sus enemigos políticos de ayer desplazándolos de sus cargos o lanzándolos a lugares lejanos, haciendo de ellos víctimas que en ambos casos son padres de familia, cuya suerte no puede sernos indiferente en modo alguno”.

Estas palabras, pronunciadas por la figura de máxima autoridad de la Junta de Gobierno, expresan un intento por limitar el escarmiento y la persecución generalizada contra quienes fueron acusados de enemigos durante la guerra.

Poco después, la Junta de Gobierno estableció las condiciones mediante las cuales se podía dictar la separación de sus puestos laborales de las personas que hubiesen apoyado a los gobiernos anteriores.

La Nación publicó el 4 de julio las estipulaciones de un decreto en el cual las autoridades disponían que “los empleados serán separados de sus puestos únicamente para colocar a ex-combatientes o ex-oposicionistas que expresamente lo soliciten […] y que tienen las condiciones de moralidad y capacidad necesarias para el buen desempeño del puesto a que aspiran”.

En diciembre de 1948, ante una posible invasión destinada a derrocar a la Junta, se fortalecieron las medidas represivas y los despidos en el sector público.

En esa ocasión se afirmó que no se perseguiría a los docentes pues se enfatizó que “sólo serán destituidos de forma inmediata y sumarísima todos aquellos maestros o profesores que colaboren con el invasor en cualquier forma que lo hagan”, tal y como lo informó La Nación el 21 de diciembre.

Balance. La “sanción social” a la que se refirió Azofeifa, se vivió como una represión que sufrieron los perdedores y se manifestó de maneras diversas, como los despidos y los traslados a regiones alejadas del Valle Central, e incluso con acusaciones penales formuladas por las autoridades.

Las informaciones periodísticas permiten visualizar cómo la situación que vivieron esos educadores respondió al clima de violencia y revancha que predominó en el país aún después de concluir el enfrentamiento bélico.

Diversos sectores de la sociedad consideraron necesario un escarmiento de quienes se identificaron con las ideas caldero-comunistas, y en este ambiente de ánimos exaltados tuvo lugar la persecución.

Muchos docentes optaron por mantener una actitud discreta con el fin de conservar sus puestos de trabajo. En tal sentido, el conflicto de 1948 tuvo una serie de repercusiones no solo políticas e institucionales, pues, para algunas personas, como los educadores caldero-comunistas, significaron la represión y el acallamiento.

Valga destacar que la propia Junta de Gobierno intentó en ocasiones –y de manera discreta– limitar esa persecución indiscriminada contra los caldero-comunistas, ya fuera mediante aclaraciones en los decretos o discursos como el de Figueres.

La autora es profesora de historia en la UCR.