Corte pide excluir delitos graves de beneficios otorgados por el Ejecutivo a reos sentenciados

La Corte Suprema de Justicia entregó este lunes en el Congreso un proyecto de ley que regule la ejecución de las penas de los privados de libertad. Entre otras cosas, establece que el Poder Ejecutivo no podrá otorgar beneficios carcelarios a aquellos que cumplen sentencias por delitos graves como crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio y feminicidio, entre otros.

La propuesta fue planteada por el presidente de la Corte, el magistrado Orlando Aguirre, en una reunión de alto nivel en material de seguridad, convocada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, en la que también participaron Patricia Solano; presidenta de la Sala Tercera, Carlo Díaz; fiscal general, Michael Soto; subdirector a.i. del OIJ, Mario Zamora; ministro de Seguridad y Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz.

El documento, de 64 páginas, establece que tanto la autoridad jurisdiccional (jueces) como la autoridad penitenciaria (Ministerio de Justicia) podrán pasar a la persona sentenciada de una modalidad cerrada (cárcel) o modalidades abiertas o de menor contención (tobillera, entre otras alternativas), siempre y cuando el beneficiario cumpla con ciertos supuestos.

Por ejemplo, el monto de la pena que debe cumplir, que no tenga otras sentencias penales activas, que cuente con una oferta laboral viable y que no haya cometido faltas graves, según el régimen disciplinario, en los 12 meses previos a la valoración.

No obstante, el artículo 40 establece límites cuando la variación en la forma en la que un reo cumple su sentencia es dictada por la autoridad administrativa. En esas condiciones, el beneficio no puede otorgarse a condenados con penas de prisión superiores a siete años.

Tampoco a “personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas, legitimación de capitales, tráfico de armas, tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos, trata de personas, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad o calificados, homicidio simple o calificado, femicidio y femicidio ampliado, cohecho, corrupción agravada, corrupción de juez, malversación, concusión, prevaricato y peculado, delitos contra la Hacienda Pública, contra los Deberes de la Función Pública”.

Esta propuesta es el resultado de un trabajo en el que participaron los equipos técnicos de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces de ejecución de la pena y subsanaría una deuda histórica, pues desde 1971 el Código Penal ordenó que las penas de prisión y las medidas de seguridad en Costa Rica se cumplieran “en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine”.

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Sin embargo, las primeras dos propuestas de ley presentadas en 2007 y 2013 fueron archivadas, y la más reciente, de febrero de 2020, no ha sido convocada a primer debate.

La propuesta planteada este lunes debe ser acogida por un diputado para que pueda incorporarse en la corriente legislativa y sea sometida a discusión.

Según Orlando Aguirre, este proyecto es de una “gran necesidad” para establecer las competencias de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución, de las competencias de los tribunales en materia de vigilancia de este cumplimiento “y sobre todo cubrir una necesidad que es contar con una jurisdicción especializada que emita criterios de informe para todo el país”.

“Esto lo que viene a subsanar es una deuda histórica que tiene el Estado Costarricense. No existe un procedimiento en sí actualmente en el Código Procesal Penal. Esta ley sí permite un procedimiento para desarrollar las audiencias, pero además regula el proceso de desinstitucionalización de las personas que están sentenciadas. Le pone, por ejemplo, la condición de que tienen que cumplir un tercio de la pena”, respaldó el fiscal general, Carlo Díaz.

Según Díaz, en la actualidad la liberación de personas privadas ha sido sometida a otros métodos en los que, “en algunas ocasiones, los jueces disponían medidas correctivas y ellos decidían que tenían que hacer liberaciones masivas de personas sentenciadas y esto no tenía apelación por el Ministerio Público, ni siquiera por el mismo Ministerio de Justicia, encargado de administrar las cárceles”.

Asegura que, con el nuevo proyecto, la Fiscalía tiene la potestad de apelar esas decisiones y modificar las medidas correctivas que se les ponían a las personas privadas de libertad.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano, también defendió que la iniciativa salda “una deuda histórica” ya que la ejecución de la pena tiene más de medio siglo sin reformarse. “Eso es importante y como señalaba don Carlo (Díaz), nunca se ha establecido cuáles son los temas cuando hay hacinamiento carcelario, que es uno de los grandes problemas que tenemos”, manifestó Solano.

Agregó que por la falta de modificar la ley “han existido severas críticas”.

“Se dice que las personas que estaban en prisión quedaron en libertad, si fue el juez de pena, si fue el Ministerio de Justicia y lo que se trata es de regular todo este tema, ver si esto incide o no en la reincidencia y el cumplimiento de la sanción”, acotó.

Préstamos gota a gota

La reunión de este lunes pretendía darle seguimiento a proyectos de ley que permitan combatir la inseguridad y criminalidad y por eso cada fracción presentó hasta cinco iniciativas que fueron discutidas durante toda la mañana en la Sala de Expresidentes del Congreso.

“La idea era poner sobre el tapete todos los proyectos que hay sobre seguridad ciudadana y crimen organizado. Nosotros ya habíamos presentado algunos que ya habían sido aprobados, están pendiente dos de los que habíamos pensado que eran importante en principio. Ahora estamos presentando un proyecto de ley de ejecución de las penas”, mencionó Orlando Aguirre.

Otro de los temas que abordaron en la mesa de diálogo fue el Proyecto de Ley 23.575, que es un proyecto que pretende la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota, donde la víctima se expone a tasas de interés antojadizas, amenazas y hasta la muerte si no honra la deuda.

“El tema de los préstamos gota a gota genera violencia, daños, lesiones y homicidios, eso es una parte. La otra parte es la colocación del dinero del crimen organizado, distribuyéndolo en la población y con intereses realmente muy altos, de usura, entonces este proyecto es importante para nosotros, que sea de inmediatez, pero que esté bien armado, bien fortalecido y bien pensado”, señaló Michael Soto.

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Rodrigo Arias manifestó el interés de darle vía rápida a los más de 30 proyectos presentados en esa reunión, siempre y cuando los mismos sean estudiados para evitar un vacío legal.

“No podemos comprometernos a darle vía rápida a 10, no. Hay que ir viendo cómo se van presentando uno a uno”, recalcó Arias.

Tras finalizar la reunión, el ministro de Seguridad Pública y el ministro de Justicia y Paz, quienes representaron al Poder Ejecutivo, se retiraron y no brindaron declaraciones a los medios de comunicación.