La Policía Profesional de Migración (PPM), bajo la dirección de la Fiscalía de La Fortuna de San Carlos, desarticuló una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La banda estaba conformada por colaboradores encargados de administrar nueve establecimientos comerciales ubicados en al menos cuatro provincias del país.
Se demostró que la red criminal trasladaba a las víctimas entre los negocios para que brindaran el servicio sexual y cobraba desde ¢16.000 a ¢500.000 por la actividad.
Los precios variaban según el perfil y la solicitud del cliente, así como al traslado de la víctima al lugar pedido, indicó la unidad de comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería.
De acuerdo con el comunicado enviado por la oficina, la organización obligaba a las mujeres a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción y amenaza.
También se les impedía salir de los lugares sin previa autorización de los ahora imputados y, en ocasiones, eran obligadas a consumir drogas.
Las víctimas eran reclutadas mediante anuncios en periódicos locales y redes sociales, con la promesa de ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero.
Migración detalló que se captaban personas costarricenses y extranjeras (nicaragüenses, mexicanas, panameñas, dominicanas y colombianas) que se encontraban en condición de vulnerabilidad.
Además, aseguró que el grupo criminal contaba con un alto nivel económico y que, a pesar de la pandemia por la covid-19, se organizó para seguir operando de forma clandestina en los locales comerciales.
Detenidos
La PPM detuvo a los miembros de la presunta organización durante 10 allanamientos realizados la tarde de este jueves en diferentes sectores de San José, Cartago, Guanacaste y Alajuela.
Durante las diligencias, las autoridades lograron aprehender a 12 sospechosos y rescatar a un aproximado de 40 mujeres, quienes eran explotadas sexualmente en los establecimientos.
Los detenidos son de apellidos Chavarría Sevilla (madre e hijo, uno de ellos líder), Sánchez Pérez (líder), Mejía Vega, Cruz Isaguirres, Santamaría Caballero, Eguigure Toruño, Chavarría, Zeledón Chavarría y Altamirano Ampie.
En horas de la noche se detuvo a otras dos personas de apellidos González Morales y Muñoz Álvarez. Los sospechosos son de nacionalidad costarricense, nicaragüense, dominicana y panameña.
La investigación del caso se inició en el 2019, a partir de labores preventivas realizadas por la Policía Profesional de Migración, en las cuales se detectaron indicadores del delito de trata de personas.
A partir de ese momento, se iniciaron las pesquisas policiales y se logró comprobar que existía una presunta organización criminal conformada por administradores de locales comerciales.
Uno de estos negocios está ubicado en barrio Amón, San José, en donde localizaron a uno de los cabecillas de la banda, informó Alonso Soto, subdirector de la Policía Profesional de Migración.
Para los operativos se contó con la colaboración de distintos cuerpos policiales, como el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras, además de la Policía de Control Fiscal, del Ministerio de Hacienda.
Los ahora imputados serán presentados en los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por trata de personas.
Esta actividad delictiva se encuentra normada en el artículo 172 del Código Penal, el cual impone una pena de prisión de ocho a 16 años, con los agravantes relacionados.