Las razones que da la Junta Directiva de Recope para desechar el proyecto de construir la terminal flotante en el Pacífico son atendibles si se hizo un análisis concienzudo y con información válida.
Se me hace difícil pensar que el plan fuera tan pobremente elaborado y fundamentado por el equipo técnico especializado de la refinadora como para que tuviera que ser rechazado.
Leí hace algunos meses el proyecto y me pareció un documento serio, con imprecisiones pero no para desecharlo.
Uno puede estar de acuerdo con lo que Recope es o en desacuerdo por lo que no es, pero no debe desconocerse su responsabilidad legal y prerrogativas.
El plan tenía como objetivo descargar combustibles en el mar y conducirlos a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento en el litoral Pacífico, en Barranca. Una inversión aproximada de ¢200.000 millones, monto que parece alto si se ve superficialmente.
En un boletín publicado el 22 de setiembre en el sitio web de Recope dice que “la decisión se tomó luego de un riguroso análisis efectuado por la nueva administración” y plantea las razones que fundamentaron la decisión, pero ninguna tiene que ver con su propósito original.
La administración Alvarado se basó en el riesgo de un desabastecimiento crítico causado por un “acto de Dios” o humano en el océano Atlántico. Cuando veo el daño ocasionado por el huracán Ian en Fort Myers, Florida, donde algunos lugares quedaron prácticamente en el suelo, viene a mi mente la creciente posibilidad de que un evento climático similar golpeé la costa atlántica y nos deje en la lona en cuanto a infraestructura energética.
Es más, en vista de la creciente fuerza y frecuencia de los huracanes, que destruyen lugares donde antes nada de eso sucedía, parece que la Junta Directiva no analizó el problema o lo hizo presumiendo un mundo irreal, donde nada cambia.
No quisiera que el país llegara a una posición trágica de desabastecimiento de los derivados del petróleo por negligencia de la Junta Directiva de Recope. La opción de traer los hidrocarburos de Panamá por vía terrestre no es válida.
Me atrevo a preguntar si se calculó el daño a la economía nacional si se produjera un evento catastrófico como Ian. Lo relevante no es aceptar la terminal como fue planteada, sino analizar la situación desde una perspectiva amplia y estratégica y modificar la propuesta en lo que corresponda.
Cuando analizo que el proyecto tiene un costo equivalente al 0,005% del producto interno bruto, me pasa por la cabeza que como el asunto se politizó, su tratamiento público fue superficial y la actitud pública tiende a dejarse impresionar por la cifra, aunque es relativamente pequeña y amortizable en varios años, el gobierno prefirió correr un alto riesgo futuro para la seguridad energética.
Exviceministro de Planificación Nacional y Política Económica.
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