Cada vez que hay elección de magistrados, aparecen una serie de comentarios en la prensa sobre el sistema de elección. Es una temática recurrente, se olvida rápidamente y vuelve a surgir la siguiente vez que los diputados deban escoger a los miembros a la Corte Suprema de Justicia.
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Como muchas cosas en Costa Rica, es una asunto antiguo. En el período legislativo 1974-1978, el entonces diputado Rodolfo Piza Escalante presentó un proyecto de ley que varios compañeros apoyamos entusiastamente, pero como todo lo que debió hacerse entonces, fue rechazado por las mayorías legislativas.
En síntesis, la propuesta consistía en que los magistrados, tanto propietarios como suplentes, fueran elegidos de ternas que, con los atestados correspondientes, presentaran la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Abogados y la Corte.
De nueve candidatos, los diputados necesariamente debían elegir en votación secreta a uno de ellos, con lo cual se limitaba la facultad discrecional que hoy día gozan los miembros de la Asamblea Legislativa.
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El proyecto pretendía también despolitizar los nombramientos y darles un carácter más técnico. Se consideraba que de esta manera se ponía especial atención en la formación académica de los candidatos y en su experiencia tanto en el ejercicio liberal de la profesión como en su trayectoria como funcionarios judiciales.
En agosto se inicia el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa y sería interesante que algún diputado retomara esta idea para por lo menos provocar una seria discusión al respecto.
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El autor es abogado.