EscucharLas reformas en el sector pensiones deben ir de la mano con los avances sociales de la población. Por ejemplo, Costa Rica tiene el privilegio de contar con una esperanza de vida superior a países desarrollados y que guarda poca relación con las características socioeconómicas de la población, algo que se conoce como un gradiente socioeconómico bajo o inexistente.
Sin embargo, esto plantea el reto de financiar pensiones básicas por periodos de vida crecientes, aunque no toda la población cuenta con las condiciones para contribuir de forma suficiente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
Lo anterior genera un enorme hueco actuarial para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la CCSS, ya que un 43% de todas las pensiones que otorga son mínimas. Este hueco tampoco puede ser paliado por el régimen no contributivo (RNC), que tiene lista de espera para otorgar pensiones a las personas más necesitadas del país.
Esto ya implica un desafío actual para atender la pobreza relativa en la vejez y que se volverá todavía más dramático al 2050, cuando se triplicará la población adulto mayor.
Reforma futura
La reforma del IVM que entrará en vigor el 11 de enero del 2024 eleva la edad de retiro anticipado para las mujeres a 63 años y la elimina para los hombres, junto con la disposición de que las cuantías adicionales se reconozcan a partir de las 300 cuotas, y no las 240 actuales.
Estos ajustes son necesarios, pero distan mucho de lo que requiere el IVM dado que las pensiones en curso de pago, así como las pensiones futuras, mantienen insuficiente financiamiento para volverlas sostenibles. Se espera que la razón de solvencia de un régimen como este aspire a niveles cercanos al 100%. Según los cálculos de la propia CCSS, en el mejor de los casos la reforma eleva esta razón al 60%, lo que quiere decir que de cada cinco colones que se pagará de pensión, solamente tres están garantizados con futuros aportes o reserva, lo que es un nivel bajo. Por eso es muy importante que se establezca, por vía legal, la obligación del régimen de establecer un objetivo de solvencia y de mecanismos para alcanzarlo automáticamente, ya sea ajustando la revalorización de pensiones y/o la edad normal de retiro.
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Imagen de Shutterstock con fines ilustrativos (Shutterstock)
Pensión básica universal
Sin embargo, estos mecanismos de autobalance son buenos para mantener niveles de solvencia una vez que estos son alcanzados por otras vías. Por lo tanto, para elevar los niveles de solvencia del IVM es imprescindible también la creación de una pensión básica universal, que traslade el pago de pensiones mínimas de este régimen a un fondo financiado con recursos fiscales y que tenga como objetivo erradicar la pobreza extrema en la vejez, que de otra manera se podría triplicar en el 2050, si no se toman acciones ya.
El aporte estatal posiblemente tenga que financiarse parcialmente de la propia cuota estatal para que resulte viable dada la situación de las finanzas públicas, así como de otros recursos fiscales. Al sacarle al IVM la provisión de pensiones mínimas, el régimen podrá incentivar la contribución al eliminar las 180 cuotas mínimas que dejan hoy en día a muchas personas sin beneficio, a pesar de haber contribuido. Si, por ejemplo, se contribuyeron solamente ¢10.000, el IVM deberá otorgar la pensión correspondiente a estos aportes.
Dada la importancia que tendrá este fondo, tanto para paliar la pobreza extrema como catalizador de los ajustes pendientes al IVM, es importante establecer a su administrador, que podría ser la propia Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) u otro fondo de pensión, para garantizar una gestión técnica, eficiente y basada en riesgos.
Establecer mecanismos de autobalance, una PBU y el incremento del aporte tripartito previsto por la CCSS de 10,66% a 12,16% permitirán garantizar niveles de solvencia para que el IVM siga otorgando pensiones dignas a futuro.
Sin embargo, para no estrangular la formalidad ni el crecimiento económico, es necesario eliminar de la planilla todas las cargas que no se encuentran relacionadas con el pago de impuestos, seguro de enfermedad y maternidad e IVM y cuyo fin social sugiere que debe ser financiado por vía presupuestaria.
El ROP
Por último, un elemento indispensable para garantizar la solvencia y sostenibilidad del IVM es consagrar y, ojalá, extender el ROP, así como el Régimen Voluntario Complementario de Pensiones (RVCP), como pilares del SNP, por medio de reformas como, por ejemplo, migrar la administración de las pensiones complementarias a un modelo de fondos generacionales, que le permitirá al SNP seguir pagando una de las mejores tasas de reemplazo a nivel mundial.
El autor es director de Supervisión de la Supén.
