EscucharEn los inicios de la República de Costa Rica, se estableció la primera alianza público-privada con el fin de financiar el Estado y las campañas políticas mediante la nacionalización de la industria de los licores.
La Fábrica Nacional de Aguardientes fue creada como monopolio del Estado por el presidente Juan Rafael Mora Porras e inició sus operaciones en 1850.
Los demás argumentos utilizados para justificar su creación, como el de proteger la salud y fomentar la producción de caña, no son convincentes. Los gobernantes ya conocían lo que los economistas llaman “elasticidad”: sabían que por más impuestos que les pusieran a las bebidas alcohólicas y por más que subieran sus precios el consumo se mantendría inalterado.
En 1856, año de nuestra heroica Campaña Nacional, se inauguró con toda solemnidad la fábrica y se ubicó, no por casualidad, donde hoy funciona el Centro Nacional de Cultura (Cenac), justo al costado de la antigua Casa Presidencial, donde se encuentra el Tribunal Supremo de Elecciones.
Para los procesos de distribución y venta, crearon las “agencias de licores” en cada cantón. Debemos tratar de ubicarnos a mediados del siglo XIX y pensar en la forma como se escogería a las personas encargadas de la operación. No sería por subasta, ni concurso, ni licitación, sino “a dedo”.
Al contado. Los políticos en el poder determinaban quién sería el “agente” de cada cantón para ser el único autorizado a comprarle licores a la fábrica, con la salvedad de venderle únicamente a los patentados municipales. Todas las transacciones se efectuaban estrictamente al contado. El control cruzado y la trazabilidad alcanzados se los desearían los actuales diseñadores de sistemas.
Podemos imaginarnos lo lucrativo que fue el negocio: operado como monopolio, pero compartido con los agentes privados, cada uno con su propio territorio de ventas sin ninguna posibilidad de competidores. Como bien sustituto, únicamente existía el guaro de contrabando o chirrite. Para proteger el negocio, se creó el Resguardo Fiscal, cuyos funcionarios perseguían a caballo y encarcelaban a los operadores de las sacas.
Para constituirse en agente, se requería ser designado por quienes ganaran las elecciones, tanto en la presidencia como en el Congreso, y, para ello, sin duda, “la colaboración” para los gastos de la campaña política era determinante. Así fue como durante muchas décadas se financiaron gran parte de las campañas políticas.
No se vale juzgar a nuestros primeros gobernantes y primeros empresarios con las normas de hoy. El hecho de que hubiera numerosos agentes distribuidos a lo largo y ancho del país no dejó de ser una gran ventaja para evitar la concentración de oligarcas financiando e imponiendo sus criterios en beneficio propio.
Juego político. Los agentes aprendieron el juego político de la alternabilidad y el bipartidismo. Así nació la casi inamovilidad de los agentes, pues por lo general ganaban colaborando simultáneamente con quienes tenían más posibilidades de llegar al poder. Algunos agentes empezaron a adquirir varias agencias y terminaron siendo reconocidos poseedores de capitales cuantiosos e incursionaron en muy diversas actividades empresariales. También mujeres ejercieron activamente como agentes de licores.
Después de la revolución del 48, con la nueva Constitución Política de 1949, y, por ende, la creación de la Contraloría General de la República y la aprobación de la Ley de Administración Financiera (1951), se complicó la operación del modelo centenario. Así fue como en 1956 los diputados, viendo que se les cerraba la mayor fuente de recursos para financiar sus campañas, aprobaron la Ley 2036 y establecieron el financiamiento de los partidos políticos por medio del aporte de todos los ciudadanos, conocido con el eufemismo de “deuda política”.
Estos 100 años de historia sobre el financiamiento de los partidos políticos por parte de los consumidores cautivos de la Fanal, así como los capitales que se formaron gracias a este “monopolio compartido”, debería ser atendido por nuestros historiadores, pues aun cuando la documentación, por razones obvias, es escasa, es posible encontrar testimonios vivos que nos pueden informar de esta realidad, la cual forma parte de nuestra identidad nacional.
Las alianzas con el sector privado no son ninguna novedad, tenemos, además, el Banco de Seguros, hoy INS, creado en 1924 y cuyos agentes se constituyeron en empresas privadas; el Sistema Bancario Nacional, operado por juntas directivas y ejecutivos, en su mayoría activos emprendedores privados, nombrados por los gobernantes de turno; y el CNP, con sus estancos o expendios. Sobre estos ejemplos tampoco se han hecho estudios históricos, indispensables para conocer el devenir de nuestra nación.
El autor es profesor de la UCR, exdirector de la Escuela de Administración Pública.
