EscucharDe acuerdo con la fundación InSight Crime, una oleada de narcoaviones de Suramérica, sumada al trasiego de cocaína, durante las restricciones fronterizas para detener la expansión de la covid-19, originaron un aumento del tránsito de drogas por Centroamérica en el 2020, incluso a lo largo de rutas terrestres que habían sido abandonadas.
En el primer semestre del año Honduras decomisó más cocaína que en 2019 y las fuerzas de seguridad destruyeron unas 30 pistas de aterrizaje ilegales. En Guatemala, incendiaron aviones potentes utilizados para transportar hasta cinco toneladas de droga, como se ve ya en Costa Rica, donde, a mediados de octubre del 2020, el decomiso ascendía a 37 toneladas de cocaína; 50 % más que en 2019.
En El Salvador, que no figuraba tanto como ruta de paso, el año anterior las autoridades detectaron grandes cantidades de droga escondida en camiones procedentes de Nicaragua. La pandemia obligó a los narcos a buscar formas diferentes a las de hace una década para transportar estupefacientes hasta el norte. Entonces, los carteles mexicanos se unieron a las redes de transportistas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Ahora, son actores locales individuales, incluidos empleados de Gobierno y grupos más pequeños, como bandas territoriales, quienes desempeñan funciones más relevantes en la crisis sanitaria por la necesidad de almacenar la droga durante períodos más largos y transportarla poco a poco.
Aunado a lo anterior, en Guatemala y Honduras, los traficantes experimentan con el cultivo de la coca para reducir costos y aligerar la distribución.
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Foto con fines ilustrativos (MSP)
Autoridades involucradas. La semana del 15 de marzo el fiscal de la corte federal de Manhattan, Michael Lockard, aseveró, en el juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, que el presidente Juan Orlando Hernández aparentemente fue socio de un laboratorio de cocaína cuyos envíos a Estados Unidos se contaban por toneladas.
El fiscal añadió que al parecer Hernández no solo quería el dinero de Fuentes en sobornos, sino también acceso a la droga para exportarla a Estados Unidos.
Tal cruda afirmación es un detonante para el incremento de la corrupción en todas sus formas a lo largo y ancho del Istmo y del crimen transnacional en sus diversos manifestaciones.
El especialista hondureño Víctor Meza asegura que el narco distribuye dinero a manos llenas entre policías, políticos, funcionarios, militares, jueces… Su implantación ha sido lenta, pero ha terminado por controlar todos los órganos de poder.
La prevalencia y sofisticación de la triada corrupción, crimen y narcotráfico dio lugar a lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llamó en su informe final «el Estado capturado», cuyo efecto es la distorsión y utilización a su favor de las instituciones de la democracia, pervirtiendo las elecciones, el sistema de partidos políticos, distintos mecanismos de participación y representación y el mismo sistema de justicia.
El asalto al Estado explica la salida de la Cicig de Guatemala y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) —de la que formé parte 16 meses—, en vista del peligro que representaban sus exitosas investigaciones de megacasos de corrupción en las cuales estaban involucradas altas personalidades del poder.
Posiblemente ese sea también el fin de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), que, bajo el control absoluto del autoritario presidente Nayib Bukele, le obstaculizarán el llevar a cabo una labor independiente.
Penetración. La autopista de la impunidad en el Istmo es un secuestro de la democracia y del Estado de derecho.
Como señala el informe de la Cicig: «Los partidos, que deberían ser entidades ciudadanas portadoras de un proyecto ideológico y un programa político orientado al bien común, se han convertido en un vehículo para las redes ilegales que acceden al poder a través de las elecciones».
Centroamérica se encuentra en una encrucijada y debe continuar la lucha por desarticular los grupos corruptos, y apoyar y proteger a fiscales y jueces independientes que enfrentan a dichas estructuras.
A las sociedades civiles centroamericanas les corresponde ahora exigir la construcción de un sistema de justicia fuerte e independiente y el rescate y renovación de la democracia.
La autora es internacionalista.
