Editorial: Reforma del Sinart

Lo inusitado en este caso es el envío de la valoración a la Casa Presidencial desde donde se le pidieron explicaciones al director de Servicios Informativos de la cadena estatal, José Andrés Soto. Este último redactó un oficio para relatar al presidente ejecutivo, Fernando Sandí, la conversación con representantes del Departamento de Prensa de la Presidencia de la República.

Según la carta, durante la reunión del “plan 2024″, celebrada el 31 de enero, a Soto se le pidió comunicarse con Arnold Zamora, director de Información y Comunicación de la Presidencia, para hacer un informe sobre el monitoreo del Ministerio de Comunicación en el caso del agua contaminada y la información del Sinart.

Según Soto, la funcionaria de la Presidencia con quien conversó explicó que ellos no hacen el monitoreo y solo consolidan la información llegada desde diversas instituciones. Estas últimas califican el “sesgo” de las notas no solo por las referencias directas, en contra o a favor, sino por los enfoques que, de acuerdo con el criterio institucional, pueden implicar un daño a la reputación de la entidad, como en el caso de la contaminación del agua en tres cantones.

Esa información fue señalada “como noticia negativa desde la óptica del AyA”, afirma el oficio de Soto. Cómo pudo ser de otra manera, es un reto para la imaginación. La contaminación del agua causó días de sufrimiento a decenas de miles de personas y la reacción del AyA fue deficiente al punto de causar la sustitución del presidente ejecutivo.

Aparte de la absurda preocupación por el carácter negativo de las notas del Sinart, la gestión de la Casa Presidencial revela la principal falencia de los medios estatales en nuestro país. No son independientes, como en las principales democracias del mundo, y a menudo se confunde la pertenencia al Estado con el servicio al gobierno.

La comisión legislativa creada para investigar las anomalías en el Sinart y el intento de convertir la agencia de publicidad, inexplicablemente integrada al sistema, en un medio para distribuir miles de millones de pauta estatal ha cumplido su misión hasta ahora. No obstante, falta señalar el camino de un cambio profundo en el manejo de los medios estatales para garantizarles independencia editorial y libertad para ejercer el periodismo sin cortapisas ni exigencia de explicaciones.

Eso implica, además, erradicar la transmisión de programas promotores de iniciativas gubernamentales, entrevistas complacientes a jerarcas y tantas otras prácticas incompatibles con el buen ejercicio informativo y la legítima difusión de opinión y cultura. En esas prácticas puede residir, además, la explicación del eterno fracaso del Sinart en la atracción de audiencias.

La reforma exige un acto legislativo, pero la Asamblea no puede esperar que la iniciativa provenga de la Casa Presidencial. Ningún gobierno se niega la posibilidad de utilizar una cadena de medios para sus fines, y ahora que está demostrado el peligro de la agencia de publicidad, que no pasó a más por la torpe ejecución de lo planeado, es indispensable impedir un nuevo intento, no importa quien gobierne.