EscucharLa compra de 12 millones de mascarillas a dos empresas poco conocidas en la Caja Costarricense de Seguro Social y el consiguiente fracaso de las dos operaciones, una por extrema tardanza en la entrega y la otra por incumplimiento total, desató, junto con otros traspiés de proveeduría, una amplia investigación en la entidad sanitaria.
Si bien la institución no perdió los $4 millones destinados a los contratos, las extrañas circunstancias de la contratación y el riesgo de desabastecimiento ameritan de sobra la pesquisa. Los recursos económicos son, en este caso, de importancia relativamente menor, pues se trata de equipos de protección personal para los trabajadores encargados de la valiente lucha contra la pandemia de covid-19.
La Caja y la administración pública en general deberían aprender una valiosa lección: la defensa a ultranza organizada por el presidente ejecutivo, Román Macaya, y su equipo de relacionistas públicos empeoró la situación y prolongó sus efectos negativos. Una respuesta mucho más decidida, acorde con la seriedad de las revelaciones publicadas por este diario, habría sido el mejor camino.
Los intentos de desacreditar las denuncias se estrellan hoy contra las palabras del auditor de la Caja ante la comisión investigadora creada en el Congreso para analizar el caso. Ólger Sánchez criticó a la Gerencia de Logística por excluir la experiencia como factor de calificación de las ofertas. “No es correcto soslayar un requisito tan importante como ese. La experiencia, en este caso, es fundamental para garantizar la transparencia y la pureza de los procesos”, afirmó tajante.
Ese fue, precisamente, el elemento central de una de nuestras primeras publicaciones. “Caja contrata compra urgente de $4 millones en mascarillas a dos proveedores inexpertos”, rezaba el titular de La Nación el 4 de agosto. El 18 de mayo, el plazo para presentar ofertas había vencido, pero eso no impidió conocer las nuevas ofertas de las empresas finalmente contratadas. Ese día Hans Vindas Céspedes, asesor legal de la Gerencia de Logística, envió un correo para solicitar el estudio de las propuestas, informamos en la misma fecha. Ahora, Sánchez censura la participación de Vindas.
Nuestras publicaciones sobre estas y otras contrataciones de mascarillas cuestionaron también los mecanismos de revisión de los insumos establecidos por la Caja. Ahora, el auditor critica la conformación de una comisión técnica para revisar la calidad de mascarillas, guantes, gorros, gabachas y otros, porque ya existían órganos con experiencia y capacidad para hacerlo.
En suma, los cuestionamientos publicados por La Nación con base en la documentación y entrevistas citadas en aquel momento reciben ahora el espaldarazo del jefe del departamento elogiado por Macaya como “el grupo más fuerte de auditoría de todo el país”. ¿Dónde quedan, entonces, las destempladas acusaciones de los relacionistas públicos contra quienes hicieron al país el servicio de advertir de esas y otras anomalías?
La Caja es una institución querida y respetada. En la pandemia lo era más. Esa estima fue utilizada como escudo contra las justas críticas por el abastecimiento de mascarillas. Eso nos debe indignar, como resultaría también indignante el uso de la institución como plataforma de inconfesas aspiraciones políticas.
Luego de las declaraciones del auditor, una respuesta enviada por los relacionistas públicos ni siquiera exige comentario: “Los intentos reiterados de La Nación por manchar el actuar de la CCSS en la atención de la emergencia de la covid-19 son evidentes, pero lo es también su falta de rigurosidad periodística, y lo cierto es que la verdad siempre se impone…”.
