Editorial: El dudoso negocio de los escáneres

El artículo 3 de la ley solo permite contratos entre entes de derecho público “cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar” y exige acreditar la idoneidad del proveedor público, la conveniencia de no adjudicar el negocio a otros participantes en el mercado y su capacidad de ejecutar por lo menos el 70 % del objeto de la contratación. El 30 % restante puede ser adquirido de terceros por el ente público contratado siempre que se trate de cuestiones especializadas y se observen los procedimientos de la propia ley.

Luego, la norma demuestra la clara visión del legislador sobre la posibilidad de utilizar esta vía para burlar los controles y establece una tajante prohibición: “Esta excepción no podrá utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en esta ley”. En otras palabras, la alianza estratégica pretendida por Racsa es imposible, entre otras razones, porque en su caso solo sirve “para completar requisitos y optar por una figura que en sí misma prescinde de los procedimientos ordinarios”, según las conclusiones de la Contraloría General de la República.

Ni la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene en su giro normal de negocios el servicio de escáneres, o inspección no intrusiva, ni es capaz de proveer el 70 % del objeto de la contratación, ni el procedimiento seguido para la selección de los socios estratégicos satisface el requisito de apegarse a la ley para adquirir de terceros el 30 % permisible.

Tampoco está demostrada la idoneidad de Racsa, pero sí el procedimiento precipitado para descartar a otros oferentes. El Servicio Fitosanitario del Estado, una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería súbitamente encargada de instalar escáneres en todo el país, a pesar de la distancia entre sus funciones y el propósito más pregonado de impedir el narcotráfico, hizo a un lado los “elementos mínimos” de un estudio de mercado, según la Contraloría, para decidirse por Racsa después de descartar a otros interesados.

El criterio de la Contraloría es determinante y su autoridad intachable, pero la evidente improcedencia de los seis párrafos utilizados como fundamento para rechazar otras ofertas, en un negocio de decenas de millones de dólares, no requiere del ojo experto. La Contraloría se refirió al supuesto estudio como un “sondeo”, y más bien fue generosa al calificarlo de esa manera.

Algunos interesados ofrecían cobrar menos de $25 por contenedor, con evidente beneficio para las exportaciones, pero eso no bastó. La alianza velozmente integrada por Racsa y un consorcio de tres empresas, incluida una distribuidora de productos veterinarios, quedó sola. Los socios estratégicos lograron contactar a Racsa con intervención de Braulio Venegas, expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), cuya dimisión se produjo cuando trascendió su participación en la gestión de citas con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para personas sospechosas de narcotráfico, interesadas en manejar predios de acceso a los escáneres.

La orden de la Contraloría descarriló el negocio, pero queda en el ambiente la pregunta sobre los motivos de la administración para actuar con tanta precipitación, imprudencia y opacidad. Los ministros de Agricultura y Seguridad culpan a la Contraloría de impedirles instalar los escáneres cuando más bien deberían explicar por qué no los gestionaron con apego a la ley.

Si no conocen la ley —lo cual es perfectamente posible si se examinan los antecedentes del gobierno y las declaraciones del ministro Mario Zamora sobre la portación de armas de guerra como contravención—, su ignorancia es la única responsable. Si, por el contrario, conocen la ley, deben explicar por qué el intento de obviarla.