Escuchar“Aunque haya cosas que no nos gusten o no nos parezcan, entre bomberos no nos majemos la manguera. Esas cosas se tienen que dilucidar y hacer acá, no andarlas sacando”, dijo la vicepresidenta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y alcaldesa del cantón de Jiménez, Lissette Fernández Quirós, a los miembros del Consejo Directivo de la entidad.
Si la admonición fuera consecuencia de una indiscreción relacionada con hechos privados o asuntos sobre los cuales existiera un deber ético o legal de confidencialidad, sería comprensible, pero nació en respuesta a la revelación de hechos de claro interés público, y evidencia la voluntad de evitar su trascendencia a la ciudadanía.
La manguera majada es la grabación de una conversación entre Carlos Bolaños Alfaro, asesor legal de la directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas, y Fabiola Salas, exjefa de Recursos Humanos. Esta última concluyó que la hija del exdiputado Rafael Arias incumple los requisitos para ser asistente de la directora ejecutiva, y así lo expresó en un oficio, pero el asesor legal pidió su ayuda para dejar el documento sin efecto.
“Hagamos algo, como dijo la jefa, pon un correo diciendo que por error se mandó ese oficio y se enviará el oficio correcto, ya sea que lo mantengás o no, pero antes de mandarlo, veámoslo, discutámoslo y vemos si se mantiene su criterio o existe algún huequito en el cual nos podamos meter”, dice el asesor legal en la grabación obtenida por este diario.
La importancia de la información es obvia para cualquier entidad pública interesada en esclarecer cuestionamientos surgidos en su seno. Así lo comprendió el alcalde de Río Cuarto y representante de Alajuela ante la UNGL, José Miguel Jiménez Araya, quien presentó una moción para abrir una investigación preliminar sobre la actuación de Bolaños.
Por el contrario, la vicepresidenta del organismo pareció más preocupada por la divulgación de los hechos que el público tiene derecho a conocer. La transparencia no ha sido característica distintiva de la UNGL ni del sector municipal, protagonista de uno de los grandes escándalos de los últimos años.
Hace poco, la bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidió a la Contraloría General de la República investigar nombramientos y contrataciones en la UNGL. Los legisladores cuestionaron el gasto de más de ¢1.500 millones en asesorías y el manejo de $3 millones provenientes de la cooperación internacional.
No es buen momento para reforzar la imagen de opacidad y exigir, como lo hizo la alcaldesa Fernández, que “cuando haya un tema importante lo traigamos a aquí, al seno de la junta directiva, y no esperarnos a que trascienda, porque curiosamente La Nación tiene toda la información”. Este diario, y cualquier otro, tiene derecho a obtener la información y divulgarla entre los ciudadanos a quienes los integrantes del Consejo Directivo de la UNGL piden el voto para ocupar sus cargos.
La única pena es que los datos no sean entregados por la propia entidad, en cumplimiento de las crecientes aspiraciones de transparencia en el manejo de los asuntos públicos y que su trascendencia sea objeto de admoniciones como la de comentario. La moción del alcalde de Río Cuarto para abrir la investigación por razones de transparencia institucional fue rechazada por nueve votos en contra y solo uno, el suyo, a favor.
Cuando este diario pidió las actas para corroborarlo, la UNGL tardó 11 días en atender la solicitud y, finalmente, en plena era digital, exigió retirar personalmente la información en su sede en Sabana sur. Por ninguna parte aflora la voluntad de facilitar la labor de la prensa o satisfacer el derecho de la ciudadanía a estar informada. Ya sabemos qué se puede esperar. Razón de más para estar atentos.
