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El Estado costarricense financia casi la mitad del presupuesto nacional con deuda. (Shutterstock)
Todo intento de ordenar las finanzas públicas parece destinado a una colisión con las instituciones autónomas, celosas de su arbitrio sobre cuantiosos recursos públicos. Hace apenas un par de semanas los diputados intentaron posponer la entrada en vigor de la nueva Ley General de Contratación Pública con la clara intención de librar a las municipalidades y otras instituciones de los nuevos controles, especialmente del uso obligatorio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Ahora, el Congreso exige excluir a las municipalidades, universidades y otras instituciones de la ley para el Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado.
El proyecto no reduce en un ápice los presupuestos destinados a las instituciones públicas. Simplemente las obliga a depositar los recursos en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) desde donde les serán girados según lo exija el funcionamiento de cada entidad. El Banco desempeñaría funciones de cajero general del Estado y la administración de la plataforma estaría a cargo de la Tesorería Nacional para enfrentar los gastos conforme surjan.
En la actualidad, los fondos están en numerosas cuentas desperdigadas por el sistema bancario, y buena parte de ellos terminan siendo invertidos en bonos del Estado cuando las subejecuciones presupuestarias lo permiten. Entonces, el gobierno paga intereses millonarios sobre sumas salidas de sus propias arcas.
El Estado financia casi la mitad del presupuesto con deuda. Ese es el origen de buena parte del dinero girado a las instituciones. Los fondos subejecutados regresan al Estado mediante la compra de bonos por los cuales se pagan intereses con fondos recaudados mediante la colocación de nuevos bonos. A los intereses se suman las comisiones de los bancos comerciales y otros gastos. Según la Contraloría, la cuenta única del Tesoro en el Banco Central ahorraría ¢189.000 millones en intereses, ¢151.400 millones en costos operativos y ¢37.850 millones en comisiones bancarias.
El sistema también ayudaría a controlar la corrupción mediante el incremento de la trazabilidad de los gastos. Por su parte, Hacienda administraría una reserva de liquidez acorde con las necesidades de las instituciones. Esto le permitiría enfrentar situaciones de tensión, como el momentáneo deterioro de fuentes de ingresos.
La idea fue objetada, inicialmente, por el efecto sobre los bancos públicos del súbito retiro de sumas enormes. Los diputados introdujeron enmiendas para establecer un traslado gradual de los fondos a lo largo de cinco años. Vencido ese plazo, los giros se harán mediante una plataforma electrónica administrada por la Tesorería Nacional.
El proyecto está listo para votación, pero el Partido Liberación Nacional exige excluir a las municipalidades, como ha sido la tónica. Tampoco sorprende la insistencia del Frente Amplio en la exclusión de las universidades. La Unidad Social Cristiana, por su parte, pide dejar por fuera a la Promotora de Comercio Exterior, la Banca para el Desarrollo, el Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Las tres fracciones están dispuestas a aprobar el proyecto si se atienden sus solicitudes de exclusión. Eso implica acuerdo sobre la utilidad de la iniciativa en términos generales y, al mismo tiempo, una contradictoria voluntad de desmembrarla. El consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad del gasto dura hasta la hora de las decisiones concretas y la afectación de entidades afines a cada partido. Por eso, los avances se logran con muchísimo esfuerzo y a un paso insuficiente para satisfacer la urgencia de ordenar la gestión fiscal.
