Editorial: Año y medio perdido

Ahora, solo sabemos que ese cronograma no se cumplirá y no hay claridad sobre la fecha de inicio de los trabajos. El proceso quedó interrumpido cuando la actual administración, en sus albores, puso en duda la conveniencia de seguir adelante con las negociaciones y especuló, públicamente, sobre la posibilidad de rescindir el contrato.

Antes de entrar en posesión del cargo, el vicepresidente Stephan Brunner ya negaba la necesidad de negociar porque, aseguraba, el contrato vigente obliga a la concesionaria a ampliar la carretera sin más. Posteriormente, el ministro de Obras Públicas y Transportes se quejó de la tasa de retorno de la inversión y el gobierno comenzó a hablar de ruptura.

Hoy, transcurrido (o perdido) un año y medio, la administración descarta la rescisión del contrato y nadie volvió a hablar de exigir la ampliación de la vía sin más trámite porque lo exija el contrato. Completo el círculo, la situación vuelve al punto donde había llegado cuando concluyó el gobierno anterior.

Las razones son fáciles de comprender. La rescisión del contrato implica una indemnización de por lo menos $350 millones, la búsqueda de una nueva concesionaria, replantear el proyecto y reestructurar su financiamiento. Al encarecimiento de la obra por el paso del tiempo, habría que sumar el costo del retraso.

La función económica de la ruta 27 la ubica entre las carreteras más importantes del país y, por falta de previsión, sufrió congestionamientos desde su inauguración. En el 2014, apenas cuatro años después de puesta en servicio, ya se le podía describir como colapsada. Han transcurrido nueve años desde entonces y no sabemos cuántos más pasarán antes de la ampliación.

Por eso, es injustificable la pérdida de un año y medio más por motivos tan endebles como los argumentados hasta ahora. La banalidad de esas razones no podría tener mejor comprobación que su abandono por quienes las esgrimían. Volvemos al punto de partida, con el encarecimiento de las obras por el transcurso del tiempo, la prolongación del riesgo de interrupción del paso y el constante congestionamiento de la vía. Para diseñar la estructura financiera será necesario actualizar los estudios de demanda, obsoletos por el tiempo transcurrido, y retomar las negociaciones exigirá restablecer la confianza y la buena fe.

En síntesis, nada ganó el país y las pérdidas son bastantes, pero ninguna de las razones esgrimidas en la actualidad para descartar rescisiones y nuevas contrataciones era desconocida al inicio del gobierno. Solo la mayor inexperiencia podría pasar por alto la obligación de indemnizar a la concesionaria o la complejidad de seleccionar una nueva. ¿Podría explicar el vicepresidente Brunner por qué se va a negociar si solo es necesario exigir, con el contrato en la mano?

El tiempo perdido no será recuperado, pero cuanto antes se logre reencauzar el proceso, menos habrá que lamentar. Ojalá la decisión de retomar las negociaciones conduzca a soluciones expeditas. Ojalá, también, el gobierno no haya dañado su posición negociadora con los titubeos del último año y medio. Ojalá, en fin, tengamos en el menor tiempo posible la ruta 27 añorada desde hace tantos años.