En una exposición, ayer, sobre los retos y oportunidades de la economía costarricense, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, se preguntó, con cierto optimismo, si la Asamblea Legislativa ha demostrado una vocación reformista. Me abstuve de opinar, porque mi función era moderar la actividad en que se produjo su intervención: el rendimiento de cuentas de la fundación Aliarse, a cuya directiva pertenezco.
Ahora tengo libertad para responder que sí, y añadir que esa vocación también es compartida por el Ejecutivo. Los dos últimos ejemplos son la aprobación, por gran mayoría, de nuestra integración a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), precedida por una robusta agenda de decisiones claramente reformistas para acceder a ese club de buenas prácticas, y la sustancial renovación en la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que permitirá alinear mejor su oferta de capacitación con las necesidades del sector productivo.
A lo anterior podemos añadir la reforma fiscal del 2018, la más profunda —aunque ahora insuficiente— en décadas, la regulación de huelgas, la educación dual y la agilización del reglamento legislativo, que a la vez explica algunos de estos y otros cambios. El pendiente más relevante es la ley de empleo público, siempre que no se desvíe de sus propósitos iniciales y supere los riesgos distorsionantes a que sigue expuesta.
Las tribulaciones de este proyecto revelan que, además de la vocación reformista ya demostrada, y que debe seguir, Legislativo y Ejecutivo no deben descuidar otra enorme variable. Se llama responsabilidad, la segunda R de una fórmula indispensable para la recuperación. Por desgracia, ha estado menos presente que la primera, y a menudo la han puesto en riesgo, sobre todo en relación con temas fiscales.
¿Será posible darle prioridad a esta R en medio de fuegos electorales cada vez más descontrolados? No me atrevo a responder que sí. La clave, en los próximos meses, será no diluir la regla fiscal, controlar el clientelismo político, legislar con rigor técnico, suscribir un acuerdo con el FMI, aumentar ingresos y reducir gastos. Los retumbos en la superficie no generan optimismo, pero quizá logren superarse si recordamos que la opción puede ser el desastre.
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