EscucharEl Partido Acción Ciudadana ha gobernado siete años consecutivos, por lo cual va siendo hora de que apechugue y se haga responsable de la enorme lista de desaguisados y despropósitos que ha cometido, los cuales tienen al país al borde del abismo.
Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura del gobierno de Luis Guillermo Solís, salió en defensa del PAC, después de la publicación de un artículo mío, bajo el título «En la antesala de un tercer gobierno PAC» (12/2/2021).
Arauz en «Respuesta a Rolando Guzmán Calzada» (20/3/2021) presenta al PAC como la víctima de decisiones tomadas por gobiernos de hace 14 años. Si bien es cierto que la situación venía complicada, las malas decisiones de las dos administraciones del PAC exacerbaron los problemas hasta llevarnos a la coyuntura caótica actual.
La actitud obstruccionista y mezquina que ha caracterizado al PAC como partido de oposición la demostró cuando sus diputados rehusaron apoyar la reforma fiscal negociada por Laura Chinchilla con Ottón Solís.
Cabe recordar a Luis Felipe Arauz que la reforma fiscal no naufragó en la Sala Constitucional, como lo afirmó en su artículo. La descarriló, en la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, quien formó un bloque de seis diputados que la adversaron férreamente.
La ironía fue que, seis años después, el mismo Mendoza, como ministro de Comunicación de la actual administración, tuvo que defender a capa y espada la ley fiscal del 2018, esmirriada, insuficiente, comparada con la de Chinchilla.
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Foto Mayela López (Mayela López)
Hagamos memoria. En enero del 2014, días antes de las elecciones, Luis Guillermo Solís dijo: «Nos acongoja el estado de la economía y nos angustia y nos entristece la Costa Rica que nos han heredado ocho años del PLN».
La congoja le duró poco al veleidoso Luis Guillermo, pues, en marzo del 2014, señaló que el déficit fiscal era «administrable» y trató de «ideólogos» a quienes advertían sobre los peligros del déficit fiscal tan alto.
Ya como ganador de la presidencia, en abril del 2014, con una gran dosis de cinismo y arrogancia, anunció que en los dos primeros años de su administración iba a disminuir el déficit del 6 % al 3 % del PIB, sin necesidad de aumentar impuestos o de hacer recortes de gastos significativos.
La ecuación no era más que un disparate y una muestra de irresponsabilidad e ignorancia económica, como rápidamente quedó demostrado. El despilfarro de recursos no se hizo esperar. Decretó un aumento salarial para los empleados públicos, que en términos reales equivalía a un 10-12 %, y un alza del 14 % en las transferencias a las universidades estatales, amén del crecimiento del presupuesto de la República de un 19 %; todo esto con una inflación del -0,81 %.
Tanta indisciplina en materia de gasto condujo a la administración Solís Rivera a reconocer ante el país que estábamos al borde de la insolvencia.
En vista de semejante crisis de liquidez, cometió la imprudencia de colocar bonos a corto plazo y se excedió en lo que el presupuesto le permitía, por puro oportunismo político, pues las elecciones estaban cerca, y por ello ocultaron la situación para heredar al siguiente gobierno un hueco fiscal de ¢900.000 millones.
Opacidad y decisiones erradas. Los escándalos están a la orden del día en el partido de la ética y la transparencia. El llamado caso del cemento chino consistió en el otorgamiento de préstamos en condiciones cuestionables por $45 millones. En lugar de vender Bancrédito, lo dejaron operando, a sabiendas de las pérdidas millonarias que estaba teniendo.
La reserva de ¢15.000 millones que dejó el gobierno de Laura Chinchilla para liquidar a 900 empleados de Japdeva los desperdiciaron en la compra de dos grúas pórticas que están paralizadas.
En el programa del bono proteger repartieron ¢15.000 millones a personas que no cumplían los requisitos. Y a eso debe sumarse el desorden en las compras de mascarillas por la Caja Costarricense de Seguro Social y la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que significó el allanamiento de la Casa Presidencial y una investigación contra el presidente de la República.
¿Cómo olvidar la prohibición contra la importación de aguacates hass mexicanos, cuando Luis Felipe Arauz era ministro de Agricultura? Usaron como pretexto una prohibición fitosanitaria, según la cual es aplicable cuando el ingreso de la fruta podría contagiar la enfermedad conocida como mancha de sol. La verdadera razón fue ideológica, puro proteccionismo comercial, igual que con el arroz, el azúcar y la leche.
Las consecuencias de esta decisión fue un incremento del 70 % en el precio del aguacate por un producto de mala calidad, pérdida de 200 puestos de trabajo, una demanda de México ante la Organización Mundial del Comercio que se calcula costará al país cerca de ¢3.000 millones, y ya el Estado fue condenado por daños y perjuicios por una suma millonaria que todavía no ha sido determinada, pero ronda los ¢3.500 millones por una demanda interpuesta por las empresas importadoras de aguacate. ¿Quién se hará responsable de semejante absurdo?
Excusas. La pandemia es otra de las excusas que utiliza el PAC para salvarle la tanda al gobierno de Carlos Alvarado, cuyo pésimo desempeño es notorio.
En diciembre del 2019, justo dos meses antes de la pandemia, cerró con un déficit fiscal del 6,96 % del PIB, la peor cifra en cuatro décadas; el desempleo era del 12,4 %, el más grave en 10 años; la informalidad llegó al 46 %, que representa un millón de trabajadores; y la pobreza fue del 21 %, que equivale a 337.000 hogares.
Por todo lo expuesto y muchas razones más, no tengo miedo, como Luis Felipe Arauz dice intuir tras la lectura de mi articulo, lo que tengo es pavor de que el PAC siga gobernando este país.
Yo solo espero que en las próximas elecciones los costarricenses recapaciten y den la oportunidad de gobernar a otros, porque estoy seguro de que lo harán mejor.
El autor es odontólogo.
Rolando Guzmán Calzada
