Buenos días: Descaro legislativo

Ese pacto reducirá un 0,10 % del producto interno bruto (PIB) el monto que deberá girar el Estado para que los partidos políticos hagan campaña. Cualquiera aplaudiría ese 0,10 % al verlo como una minucia. No. Serán ¢34.000 millones lo que nos costará elegir presidente, vicepresidentes, diputados, alcaldes y regidores.

Podrán alegar que la democracia lo vale, que elegir en libertad merece ese platal. Sin embargo, en pandemia, en momentos cuando el endeudamiento público llega a un asfixiante 70 % del PIB o cuando más impuestos se perfilan como salida para mantener el monstruoso aparato estatal, la decisión de los diputados es un disparate, una irresponsabilidad.

Los congresistas tenían la opción de reducir más el gasto, de llevarlo incluso al 0,07 % del PIB, con lo cual ahorrarían ¢13.000 millones en deuda o impuestos, al disminuir el fondo total a ¢21.000 millones.

Ese 0,07 % del PIB es lo que más han gastado los partidos en una campaña, pero los diputados recetan a sus agrupaciones un dineral para derrochar a rienda suelta el dinero ajeno.

El disparate de la Comisión de Económicos podrán enmendarlo el resto de los congresistas cuando el proyecto llegue a trámite final en el plenario. Es lo responsable, lo coherente, porque tal despilfarro engordará más la deuda pública y las cifras de pobreza.

De hecho, antes de llenarse la boca pronunciando incongruentes discursos en favor del pueblo, de la austeridad y de la transparencia, el mejor favor para los costarricenses es promover una reforma al anacrónico artículo 96 de la Constitución Política, que ordena un 0,19 % del PIB para que sus partidos hagan campaña política.

El artículo es un absurdo. De cumplirse hoy obligaría al Estado a dar ¢72.000 millones, haya plata en la caja chica del Estado o no.

Por congruencia entre discurso y votos, los diputados deberían legislar en favor del ciudadano, no de sus partidos políticos, como claramente lo hacen.

amayorga@nacion.com