La lucha contra la corrupción se inició en Costa Rica en 1996 con la Ley 7670.
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Objetivo es evitar que crimen organizado pueda acceder a información sobre contrataciones utilizadas para proteger a las víctimas de la criminalidad o testigos clave en procesos judiciales
Diputados argumentan que publicación de datos en red abierta pone en riesgo vida de personas que requieren protección.