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Los dos representantes del Gobierno en la Junta Directiva de la aseguradora estatal denunciaron a las autoridades por malversación de fondos públicos y fraude de ley.

La diligencia para registrar las portátiles de los directivos tuvo un costo de $2.900 y se ordenó debido a la sospecha de que alguno hubiera filtrado a la prensa el acta donde se aprobó un aumento salarial retroactivo a más de 2.000 funcionarios