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Nadie está excluido del derecho de ocurrir a la ley, absolutamente nadie, en paridad e igualdad.


Hecho probado: los ingresos del Gobierno Central no alcanzan para pagar los mandatos de gasto establecidos en la Constitución Política y las leyes. Segundo hecho probado: cada año, los diputados aprueban leyes que crean nuevos mandatos de gasto sin señalar fuentes de recursos frescos para pagarlos.