Ocurriendo a las leyes, dice la Constitución, a todos debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.
Cuando leo normas jurídicas, comienzo por sentir cierta perplejidad. Las hay que son un disparate, construidas con tal descuido y desparpajo por un legislador apresurado que causan confusión. Otras, sobre todo, las muy antiguas, son como piezas de orfebrería, fabricadas pausadamente con cuidado y sapiencia. La que cito al comienzo es de las últimas.
Se ha dicho que la unidad, la celeridad y el movimiento, son la esencia del Poder Ejecutivo; la deliberación, la lentitud y la estabilidad, son la esencia del Poder Legislativo.
Esto se debe a motivos evidentes. Uno es que la conformación del Legislativo, su estructura y medios de operación, son la consecuencia inevitable del pluralismo liberal, que se basa en la idea de que no hay una respuesta única para todos los problemas, que hay visiones e intereses contrastantes, algunas veces irreconciliables, que compiten entre sí, y que, no obstante, al final hay que tomar decisiones.
El Legislativo es un cauce por el que discurre la pluralidad. Si se parte de entender que cada problema tiene una sola solución, que aquel ha de limitarse a pronunciar y validar de inmediato, se llega a la conclusión de que el Legislativo es un contrapoder que ha de ser desacreditado, anulado o extinguido.
En este punto, vuelvo al principio. Me seduce la expresión ocurriendo empleada por la Constitución: tiene el gusto del cobre antiguo y su diversidad de matices. Puede significar acudir, recurrir, apelar, invocar, comparecer, personarse o tantas otras voces equivalentes: de un modo u otro, cualquiera habría servido; incluso, más crudamente, echar mano de las leyes o valerse de ellas. Pero la que se prefirió para encabezar la norma es al mismo tiempo susurrante y enérgica, y alude con propiedad a su sentido jurídico: refiere al hecho de presentar una demanda ante un juez.
Comenzando la norma con término tan feliz, lo que sigue es igualmente preclaro. La justicia que se reclama es la justicia legal, puesto que ha de procurarse en estricta conformidad con las leyes. Es justicia para todos, de manera que nadie está excluido del derecho de ocurrir a la ley, absolutamente nadie, en paridad e igualdad. Y todo eso y más dicho en tan pocas palabras.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.