El último lugar en transparencia es la peor recomendación para un país como el nuestro, abierto al mundo y empeñado en estimular el intercambio con las demás naciones.
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El gobierno planea crear dos plazas adicionales en cada institución del Estado, para resolver quejas de ciudadanos a los que se niegue información pública.
La Sala Constitucional respaldó una acción del Banco de Costa Rica (BCR) la cual limita el libre acceso a información pública relacionada con los salarios de sus funcionarios.Los magistrados dieron por válido que el Banco pusiera una clave secreta a un archivo electrónico con los datos públicos requeridos por el semanario <em>El Financiero, impidiéndole analizar esa información en una computadora. </em>