La empresa Ruta Ochenta y Tres AB S. A. interpuso un recurso contencioso administrativo en contra del Consejo de Transporte Público (CTP), para frenar la decisión que le quita la operación de la ruta Concepción de Alajuelita - San José.
A mitad de esta semana, el CTP designó de forma provisional a la compañía autobusera Transportes 205 S. A. en dicho trayecto, luego de dictar una medida cautelar contra Ruta Ochenta y Tres AB S. A. por incumplimientos en el servicio y una deuda de ¢496,5 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Otras posibles irregularidades de la operadora son el uso de diez unidades con la revisión técnica vencida, el uso de hasta seis vehículos sin inscripción, buses que incumplen con la Ley 7.600 (para personas con discapacidad) y la falta del pago del canon del CTP en tres unidades.
Según denuncias de vecinos, los conductores incumplían los horarios y no se detenían para que adultos mayores usaran el servicio.
Incluso, el CTP denunció penalmente a la empresa por presentar un documento falso de un supuesto arreglo de pago con la CCSS.
Todo esto hizo que el CTP designara a un nuevo proveedor, que debía iniciar operaciones este mismo fin de semana. Sin embargo, nada de esto ocurrió, según confirmó el propio CTP, debido a la medida cautelar provisionalísima que detuvo en seco la decisión.
Al Consejo se le notificó el viernes del recurso contencioso administrativo y la medida cautelar provisionalísima emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo.
“El CTP es respetuoso de la medida cautelar provisionalísima, por lo que se acogerá a lo dispuesto por el Tribunal que es dejar sin efecto el acuerdo de la Junta Directiva de iniciar con el cambio provisional del operador de autobuses en la ruta San José- Concepción de Alajuelita este fin de semana”, aseguró Manuel Vega, director ejecutivo del CTP.
Vega añadió que este lunes gestionará las acciones pertinentes para respaldar las razones que mantiene el CTP tendientes a suspender el servicio de Ruta Ochenta y Tres AB S.A., “en procura de garantizarle a los pasajeros seguridad en el servicio”.
El proceso contra esta autobusera podría llevar a la cancelación definitiva de la concesión, en una ruta usada por casi 350.000 personas al mes.