Alcantarillado sanitario de Limón acumula retraso de siete años

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) señala que ese proyecto, financiado con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $42 millones, sufre un atraso de siete años en su ejecución, lo cual elevó su costo inicial a $59,4 millones.

El Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Limón está a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), entidad que apenas se encuentra en la fase de licitación de los trabajos correspondientes al sector I del plan.

Dichos atrasos también perjudican el avance de la ampliación de la ruta 32 que da acceso a la ciudad de Limón, pues impide realizar obras en los tres kilómetros finales de esa vía, advierte la Contraloría.

La principal conclusión del equipo auditor es que el proyecto del alcantarillado no cumplió con el avance físico y financiero programado.

El ente contralor apuntó que la causas principales del retraso de siete años son “discrepancias internas de criterio” en la selección del material de la tubería a instalar, retrasos en los diseños finales y falta de adquisición de los terrenos para construir las estaciones de bombeo.

El costo de $41,9 millones estimado en el Estudio de Factibilidad del 2017 subió a $59,4 millones en marzo de 2022, excediendo el monto del financiamiento del préstamo en $17,5 millones (41,2% aproximadamente), señala la Contraloría.

Dicho incremento lo atribuye la auditoría al cambio del material de la tubería y a ajustes realizados en los diseños, sumado al incremento de los precios de los materiales, equipos e insumos por circunstancias del entorno global.

Consecuencias para población

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El alcance del Proyecto en el Sector II pasó de 15 a tres cuencas, lo cual restringe la cantidad de población beneficiada con la recolección y el tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Limón.

Una de las advertencias principales que hace la nueva auditoría tiene que ver con la disponibilidad de los recursos financieros del crédito, cuyo plazo fijado para la totalidad de los desembolsos está próximo a vencer (27 de junio de 2023) sin que conste una aprobación de prórroga.

El desempeño del Proyecto pasó de “color verde” a “color amarillo” en el primer semestre del 2020; y luego se deterioró desde el primer semestre del 2021 hasta la situación actual de “color rojo”, lo cual equivale a un estado crítico.

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Lo anterior, según el Ministerio de Hacienda, se debe al estancamiento en la ejecución de los recursos y pone en peligro el financiamiento con el BCIE y un eventual incremento en costos.

“El Ministerio de Hacienda advirtió a la presidencia ejecutiva del AyA y al oficial jefe del BCIE en Costa Rica acerca de los riesgos a los que se expone el Proyecto y la realidad financiera limitada para el AyA, que amenaza la posibilidad de construir a cabalidad las obras.

“La Dirección de Crédito Público recomendó al AyA tomar decisiones y acciones ‘concretas y efectivas’ para no demorar más la ejecución de las obras, así como efectuar un Plan de Aceleración para cumplir los objetivos y metas del Proyecto, todo lo cual no consta que haya sido atendido por ese Instituto”, menciona el informe.

El documento también señala la “incertidumbre con respecto a la operación futura del proyecto”. Indica, por ejemplo, que el estudio de factibilidad carece de información sobre conexión de las viviendas y edificaciones a la red de alcantarillado sanitario.

Tampoco identificó a la población en pobreza y pobreza extrema ni analizó su capacidad de pago para tener certeza del ingreso mensual por tarifas que garantice cubrir costos operativos y de mantenimiento.

“Las situaciones indicadas obedecen a que el esquema de control del Proyecto no se adecuó a las demandas y complejidades que este conlleva. También, debido a una cultura institucional que no se orienta a la ejecución de inversiones con sustento en el valor de la preinversión y de la gestión de los proyectos como elementos indispensables para la toma de decisiones fundamentadas.

“Sumado a las debilidades en la dirección, supervisión y toma de decisiones; medidas para gestionar los riesgos; los puntos de control que regulen los plazos para efectuar las fases y actividades; y la desvinculación de la normativa interna de inversión pública con respecto al marco normativo aplicable”, señala la Contraloría.

En el informe se ordena a AyA resolver la continuidad del Proyecto, y elaborar e implementar una propuesta de reforma a la normativa interna relacionada con el sistema de control para la gestión de proyectos, entre otras medidas para el fortalecimiento de la cultura institucional de inversión pública.