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Los respiradores KN-95 suministrados por MR Comunicaciones Políticas tenían la etiqueta de no uso médico en la caja. La CCSS pagó $1,3 millones por 570.000 unidades a ese proveedor a pesar de no cumplir las especificaciones técnicas. Fotografía: suministrada por la CCSS a pedido de La Nación.
¿Qué delitos investiga el Ministerio Público en los casos relacionados con compras de emergencia en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante la pandemia?
Ante una consulta de La Nación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción comunicó que investiga los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias en dos causas abiertas por supuestas anomalías, en contrataciones directas, para el suministro de mascarillas y respiradores filtrantes de partículas KN-95.
Esos dispositivos son vitales para proteger la vida del personal que labora en clínicas y hospitales en la atención de pacientes con el nuevo coronavirus.
La primera investigación fue abierta en agosto y se tramita bajo el expediente 20-000122-1218-PE. Se inició tras una publicación de La Nación, en la que se dio a conocer la adjudicación de 12 millones de mascarillas por $4 millones a dos proveedores inexpertos en el campo: MR Comunicaciones Políticas, empresa de la periodista española, Miren Martínez Ruiz; y el contador público costarricense, David Landergren Castro.
Los dos contratistas, sin experiencia en la venta y distribución de equipo de protección personal, se inscribieron como proveedores ante la CCSS al inicio de la pandemia y recibieron millonarios contratos pocas semanas después.
La segunda pesquisa fue abierta en setiembre en el expediente 20-000175-1218-PE, luego de que un informe de Auditoría Interna revelara presuntas irregularidades en la compra de 570.000 respiradores KN-95 a Martínez Ruiz por $1,3 millones.
La Fiscalía indicó que, por ahora, estos asuntos se tramitan contra ignorado, es decir no hay imputados individualizados.
“Ambas causas penales se encuentran en la etapa de recolección y análisis de prueba, fase del proceso penal que es privada para personas ajenas, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no es posible brindar ningún otro detalle”, dijo la Fiscalía por medio de correo electrónico.
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública castiga el tráfico de influencias con prisión de dos a cinco años. Entretanto, la influencia contra la Hacienda Pública se sanciona con cárcel de dos a ocho años.
En paralelo, la CCSS mantiene abiertos procesos administrativos para sancionar a los proveedores involucrados, esas gestiones pueden concluir en multas económicas o la inhabilitación para venderle a la entidad por varios años.
La CCSS también desarrolla dos procesos disciplinarios contra funcionarios ligados a estos casos.
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Miren Martínez Ruiz (a la izquierda) compareció ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público semanas atrás, ese foro investiga la adjudicación de 12 millones de mascarillas. Cortesía de la Asamblea Legislativa
Las mascarillas
Con respecto a la adjudicación de las 12 millones de mascarillas, la empresa Martínez nunca entregó ni una sola de las 5 millones requeridas y, en el caso del contador, entregó con varios meses de atraso los 7 millones de tapabocas encargados.
De los $4 millones presupuestados para los tapabocas, $1,9 millones se asignaron al contrato de la española y $2,1 millones al contador.
Según el expediente de contratación 2020CD-000093, la compra se adjudicó a favor de Martínez y Landergren, el 27 de mayo, a pesar de que desde el 13 de mayo una comisión técnica descartó sus propuestas por incumplir con los requisitos técnicos.
Incluso presentaron certificados y documentos en “idioma oriental”, aunque las reglas decían que debían ser en español y con traducciones oficiales.
Bajo esas circunstancias, el 18 de mayo, cuando ya había cerrado el periodo de recepción, presentaron nuevas ofertas en las que persistieron papeles sin traducir, recibieron el aval técnico y las adjudicaciones el 27 de mayo.
Incluso, en el caso de Martínez, no presentó muestras de las mascarillas que pretendía venderle a la CCSS.
Adicional a eso, una certificación presente en el expediente demuestra que Martínez estuvo morosa con el seguro social hasta el 25 de mayo y la adjudicación se oficializó el 27 de mayo.
En cuanto a Landergren, este entregó los tapabocas con varios meses de atraso, lo cual comprometió el suministro de equipo de protección personal en centros médicos.
Laura Díaz y Joanna Quirós, dos funcionarias de la CCSS, señalaron, días atrás, en audiencias de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que Hans Vindas Céspedes, asesor de la Gerencia de Logística intercedió para que se recibieran las ofertas de Landergren y Martínez de manera extemporánea.
Los respiradores
Los 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95, encargados desde el 2 de abril a MR Comunicaciones Políticas, fueron cancelados por la CCSS el 7 de mayo por adelantado, sin que se verificara la calidad del producto.
El pago de $1,3 millones se hizo por medio de una transferencia internacional a una cuenta de la compañía Kai Gifts Inc Dba Bazarkai en el Citibank New Castle, en Delaware, Estados Unidos. Esa empresa es representada en Costa Rica por MR Comunicaciones Políticas.
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La revisión técnica, un requisito fundamental para hacer efectivo el pago, se hizo hasta el 13 de mayo, es decir, seis días después del pago.
En este momento, Martínez Ruiz se encuentra fuera del país según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Salió el 21 de noviembre.
FUENTE: CCSS || DISEÑO / LA NACIÓN.
Además de pagar contra la normativa de la CCSS, la mercancía entregada por la periodista no cumplió con los requerimientos de la entidad, pues son respiradores de uso no médico; esa condición impidió su utilización y permanecen embodegados en los almacenes centrales de la CCSS.
Mientras, la Gerencia Médica de la Caja solicitó, semanas atrás, la reutilización de respiradores hasta en cinco ocasiones.
La orden de pagar por adelantado fue dada por Luis Fernando Porras, gerente de Logística y su asesor, Hans Vindas, suspendidos desde agosto por presuntas irregularidades en compras de emergencia.
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La Caja mantiene procesos administrativos y judiciales para tratar de recuperar los $1,3 millones.
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