Los constantes retrasos en la entrega de 7 millones de mascarillas quirúrgicas descartables obligaron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a imponer multas por $153.140 al proveedor David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años.

Se trata de tres sanciones, dos por un mismo monto: $37.820 y otra de $77.500 debido a retrasos de entre 24 y 28 días hábiles.

Desde el 27 de mayo, por medio de una compra de emergencia, la Caja le encargó los tapabocas para proteger al personal de salud del nuevo coronavirus. Ese contrato, valorado en $2,1 millones, fue adjudicado al contador sin valorar su experiencia, sin solicitar garantías de cumplimiento y sin revisar las muestras físicas del producto.

De acuerdo con la oferta original, Landergren entregaría 2,1 millones de unidades 13 días naturales después de emitida la orden de compra, es decir, el 10 de junio. La entrega, sin embargo, se concretó en tres partes hasta el 20 de julio.

Los otros 4,9 millones de mascarillas serían suministrados 30 días naturales después de la fecha de la orden de compra, pero aún no completa la totalidad de los cubrebocas requeridos.

Según el expediente de ejecución, el 26 de agosto, el contador logró traer al país 1,8 millones de los 4,9 millones de mascarillas que aún debe a la CCSS.

Esa y las entregas futuras también son susceptibles de penalizaciones, pues están fuera del plazo establecido en el contrato de compra.

Los castigos económicos contra Landergren se descontarían de las facturas que la Caja debe pagarle por las mascarillas despachadas. Además, él se expone a ser inhabilitado como el proveedor de la CCSS.

En la actualidad, el contador público participa en un concurso para la compra directa de 10 millones de mascarillas quirúrgicas descartables.

La Nación llamó este lunes 7 de setiembre a Landergren para conocer su posición sobre las sanciones impuestas en su contra, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.

Hazel Cordero Bogantes, representante de Investment and Business Global Group IBG, firma que mantiene un acuerdo de consorcio con Landergren, rechazó que existan incumplimientos.

La relación de consorcio consta en una declaración jurada presentada por el contador a la CCSS, el 19 de mayo anterior.

En el proceso de adquisición de los 7 millones de mascarillas, la abogada escribió correos para ofrecer descuentos y mejoras en los plazos de entrega.

“Es mi criterio como especialista en derecho público, que no han existido incumplimientos en dicho contrato, cabe recordar que el mundo enfrenta una pandemia que ha ocasionado, entre otras múltiples consecuencias, atrasos en la logística de transporte internacional, tal y como ha ocurrido en el contrato adjudicado a don David, situación que califica como fuerza mayor y caso fortuito, ambas causas excluyentes de responsabilidad contractual y aplicables a dicho caso”, dijo Cordero vía correo electrónico.

En julio, la hija de Cordero Bogantes, Rebeca Fernández Cordero, psiquiatra exfuncionaria de la CCSS, recibió contratos por $480.000 para el suministro 1.130.000 mascarillas.

En uno de los dos contratos a favor de la médica, la CCSS adjudicó en un proceso que tardó menos de 24 horas, sin hacer estudio de razonabilidad de precios, sin invitar otros oferentes y en el mismo día que la médica se inscribió como proveedora.

Además, consta en la documentación pública, que la Comisión Técnica ad hoc avaló los tapabocas sin tener las muestras a la vista, pues la aprobación fue firmada el 12 de junio y las muestras ingresaron casi un mes después, el 9 de julio a las 10:19 a. m..

La entidad pasó por alto esos requisitos, según Miguel Salas, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, porque enfrentaban “un momento excepcionalísimo” debido a la emergencia provocada por la pandemia y la escasez de mascarillas.

La razonabilidad de precios es una de las condiciones de la Contraloría General de la República (CGR) al autorizar compras de urgencia.

“Deberá existir un análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por un funcionario competente”, expresó la CGR en el oficio 10227 del 4 de julio.

Precisamente, ese es el oficio que utilizó Salas para justificar las operaciones otorgadas a Fernández Cordero.

¿Por qué se saltó la CCSS ese requisito solicitado por el ente contralor? “Estamos ante una situación donde el interés público sobrepasa el interés de la Administración como claramente lo establece la Ley de Contratación Administrativa. Como lo digo en mi resolución, el interés por la vida sobrepasa las situaciones y en una compra de excepción la administración puede omitir alguno de los pasos”, respondió Salas.

Agregó que, durante la pandemia, este es el único caso en el que omitieron hacer estudio de razonabilidad de precios.

Otro motivo para adjudicarle de emergencia a Fernández Cordero fueron los incumplimientos en la entrega de mascarillas por parte de varios proveedores, entre ellos Landergren.

Desde que inició la pandemia, la CCSS le adjudicó tres de los cinco procedimientos de compra de mascarillas a ese grupo.

LEA MÁS: ‘Consorcio’ concentra 60% de compras urgentes de mascarillas en CCSS

Otras consecuencias

Por este caso, la Gerencia General de la CCSS decidió suspender por cuatro meses con goce de salario al gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez y dos de sus asesores, María Díaz Rivera y Hans Vindas Céspedes, mientras desarrolla una investigación administrativa por supuestas irregularidades en la adjudicación de 12 millones de mascarillas quirúrgicas descartables por $4 millones.

LEA MÁS: Caja contrata compra urgente de $4 millones en mascarillas a dos proveedores inexpertos

El Ministerio Público anunció, a inicios de agosto, que abrió una investigación relacionada a este caso bajo el expediente 20-000122-1218-PE.

La Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República mantienen pesquisas al respecto.

En 2011, Vindas Cespedes fue suspendido por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos a una empresa ligada a su madre, pero en marzo de 2013 el Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa.